Orlando Aguirre pide reconsiderar la decisión de Gabriel Aguilar por audiencias virtuales
La Corte Suprema de Justicia pidió al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconsiderar la decisión de finalizar el convenio que permite realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios. El Poder Judicial advierte que eliminar este mecanismo tendría efectos sobre los recursos públicos, la seguridad y los tiempos de respuesta judicial.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, envió una carta al jerarca el 7 de agosto para solicitarle que revalore la medida adoptada el pasado 3 de agosto. Según planteó, el Estado perdería una herramienta estratégica que ya fue financiada e instalada con recursos públicos.
Orlando Aguirre pide reconsiderar la decisión de Gabriel Aguilar por audiencias virtuales
Aguirre señaló que el Poder Judicial destinó más de ₡137 millones a infraestructura y equipos, además de más de ₡131 millones para los enlaces de comunicación necesarios para mantener operativo el sistema. Para el magistrado, se trata de una inversión que permite aprovechar mejor los recursos estatales.
El presidente de la Corte también destacó que las audiencias virtuales reducen la necesidad de trasladar físicamente a personas privadas de libertad. Esta modalidad, indicó, contribuye a disminuir los riesgos de seguridad asociados con los desplazamientos desde los centros penitenciarios hacia las sedes judiciales.
Jueces advierten sobre posibles atrasos
Los jueces de ejecución de la pena de Alajuela, Odilie Robles y Mario Rodríguez, también solicitaron reconsiderar la decisión en una carta enviada el 10 de agosto. Ambos señalaron que la reducción o eliminación de las audiencias virtuales podría afectar la continuidad de diferentes actuaciones judiciales.
De acuerdo con los funcionarios, prescindir de esta herramienta podría provocar mayores tiempos de espera, elevar los costos operativos y generar atrasos en otros procesos que requieren la intervención de los tribunales. Por ello, plantearon abrir un espacio de diálogo entre ambas instituciones.
La solicitud incluye establecer una mesa de trabajo entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para analizar las consecuencias de la medida, valorar alternativas y determinar cómo mantener los avances alcanzados durante los últimos años mediante el sistema de conexión remota.
Las cifras muestran el nivel de utilización de esta herramienta. Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional registró 2.416 audiencias virtuales, de las cuales 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
El convenio de cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz fue firmado el 15 de marzo de 2018. El acuerdo establece mecanismos para facilitar la comunicación entre los tribunales y las personas privadas de libertad sin que sea necesario trasladarlas fuera de los establecimientos penitenciarios.
El antecedente que detonó la decisión
La decisión del ministro Aguilar se produjo después de una controversia relacionada con la forma en que debían realizarse las primeras audiencias de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.
Aguilar había solicitado que ambos fueran escuchados mediante una conexión virtual debido al riesgo que, según las autoridades, representaba su traslado. Sin embargo, el OIJ realizó el desplazamiento luego de que una jueza solicitara que la primera audiencia fuera presencial y que posteriormente se analizara la posibilidad de utilizar la vía virtual.
El ministro justificó entonces la finalización del convenio con base en las manifestaciones de autoridades judiciales sobre la realización presencial de determinadas audiencias. Ahora, la Corte y los jueces de ejecución de la pena buscan que esa decisión sea revisada ante los efectos que atribuyen a la reducción del sistema.
