«¿Quién quería hablar con Diablo?»: la pregunta que Villalta lanza a Zapote
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, exigió una investigación a fondo tras la detención de un custodio de Diablo, un oficial del Ministerio de Seguridad Pública sorprendido con un celular y otros dispositivos en La Reforma. El legislador pidió, además, que Casa Presidencial rinda cuentas.
Custodio de Diablo: así fue la detención en La Reforma
La captura la realizó la Policía Penitenciaria durante un operativo de rutina en el CAI Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela. El oficial, de apellidos Guzmán Charpantier, pertenece a la Unidad Especial de Apoyo (UEA). Según los reportes, ya había superado los puestos de control cuando se revisaron sus pertenencias en el parqueo de la UEA.
De acuerdo con lo informado, el agente llevaba un reloj inteligente y, dentro de un bolso tipo cangurera, un teléfono, un chip Kölbi, una batería portátil de 20.000 mAh y varios cables de carga. Formaba parte de los turnos de vigilancia de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, recluidos en Máxima Seguridad.
Para Villalta, la cantidad de dispositivos descarta un descuido. “Este hecho es muy grave y no puede pasar desapercibido”, afirmó. “Este no fue un error, el individuo andaba cuatro cargadores, andaba un celular, una tarjeta sim, un reloj inteligente, no los pasó por los controles de seguridad”, agregó el diputado.
¿Infiltración o una acción orquestada?
El legislador subrayó el vínculo familiar del detenido. Según la prensa nacional, el agente es hijo de Eduardo Guzmán López, alias “Inca”, oficial de la Unidad Especial de Intervención (UEI) adscrita a la Presidencia. Villalta planteó que “una de dos o están esos cuerpos de élite ya penetrados por el crimen organizado (…) o más bien esto fue una acción orquestada desde Casa Presidencial”.
El diputado lanzó una serie de interrogantes: “¿quién quería comunicarse con diablo? ¿por qué querían? ¿será que querían que diablo no cantara a determinadas figuras políticas? ¿será que querían negociar algo con él?”. Además, recordó que introducir celulares a un centro penal es un delito sancionado con cárcel.
“¿Por qué corrían estos riesgos haciendo todo a las espaldas de las autoridades judiciales? ¿Qué es lo que está detrás?”, insistió. Villalta solicitó al Poder Ejecutivo, al OIJ y al Poder Judicial investigar el caso, y a Casa Presidencial aclarar los hechos públicamente.
La versión oficial
El Ministerio de Justicia rechazó que el agente fuera el encargado exclusivo de vigilar a “Diablo” y a “Tan”, y explicó que integraba un operativo de custodia de Máxima Seguridad con agentes de varios cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. Según trascendió, al ser cuestionado, el oficial habría alegado que olvidó que llevaba puesto el bolso.
Las hipótesis planteadas por Villalta no han sido confirmadas por las autoridades, y el oficial goza de presunción de inocencia mientras el proceso continúa.
Situación judicial del oficial
El Tribunal de Flagrancia rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Alajuela y le impuso firmar una vez por semana, no acercarse a funcionarios ni testigos de la causa y mantener un domicilio fijo.
El expediente 26-000993-1107-PE se tramita por la presunta introducción de celulares y dispositivos de comunicación a un centro penal, y la audiencia de continuación quedó programada para el 3 de noviembre.
