Y mientras tanto ¿qué? dicen diputados del PLN sobre recuperar seguridad y control territorial en Crucitas
Los diputados de Liberación Nacional (PLN) que participaron en la visita oficial a Crucitas junto a la presidenta Laura Fernández coincidieron en que la recuperación de la seguridad y el control territorial debe ser una prioridad para el Estado, en medio del debate sobre el futuro de la extracción de oro en la zona norte del país.
Durante el recorrido, los legisladores expusieron sus preocupaciones sobre la presencia de grupos vinculados a la minería ilegal y señalaron la necesidad de que el Poder Ejecutivo fortalezca las acciones de seguridad antes de discutir cualquier proyecto relacionado con la explotación minera.
Y mientras tanto ¿qué? dicen diputados del PLN sobre recuperar seguridad y control territorial en Crucitas
El diputado Álvaro Ramírez afirmó que la situación requiere una respuesta integral, pero dejó claro que la seguridad no depende de la aprobación de proyectos mineros ni de iniciativas legislativas específicas.
“Bueno, hoy estamos claros de que el país necesita una respuesta, la respuesta tiene que tener dos partes, una muy importante es la seguridad, la seguridad del país que no depende del proyecto, ni del proyecto de ley, ni de ninguna actividad minera, es asegurarse que Costa Rica tiene control de sus fronteras y eso es esencialmente una responsabilidad del Poder Ejecutivo”, señaló.
Ramírez indicó además que el país debe encontrar una solución para el aprovechamiento del oro que evite los daños ambientales observados en la zona y que reduzca el impacto de la extracción ilegal. Según explicó, existe una propuesta impulsada por su sector que, asegura, tendría menores consecuencias ambientales que la minería a cielo abierto.
Por su parte, la diputada Nojerlens Lobo sostuvo que las acciones en materia de seguridad pueden ejecutarse de inmediato y no requieren esperar discusiones legislativas para su implementación.
“En primera instancia, lo que es el tema de seguridad, porque esto es un tema que no se necesita llevar al plenario para que en este momento se esté trabajando acá con el tema de seguridad. No necesitamos ir y llevarlo al plenario, a la asamblea legislativa, esto lo tiene que atender directamente el gobierno”, manifestó.
El legislador agregó que existe disposición desde la Asamblea Legislativa para aportar conocimiento técnico y experiencia que contribuya a encontrar soluciones para las comunidades afectadas por la problemática en Crucitas.
El diputado Marco Francisco Padilla también hizo énfasis en la necesidad de recuperar la presencia del Estado en la zona. Según indicó, los acontecimientos registrados durante la visita evidencian desafíos importantes en materia de seguridad.
“Es necesario recuperar la territorialidad y hoy la situación que se ha dado, comentada por la misma Presidenta donde dice que un grupo armado podría estar por el lugar, demuestra que no hay un completo control de la zona”, afirmó.
Padilla señaló que la problemática trasciende la discusión económica sobre la extracción del oro y debe analizarse desde una perspectiva de seguridad nacional. Además, mencionó información atribuida a fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la presencia de grupos criminales vinculados a la actividad minera ilegal.
Mientras tanto, la diputada Diana Murillo cuestionó los plazos asociados a los posibles beneficios económicos que podrían generarse mediante un proyecto minero impulsado por el Gobierno.
La legisladora recordó que durante encuentros con vecinos de la zona se habló sobre eventuales ingresos para los gobiernos locales derivados de la explotación minera. Sin embargo, advirtió que los procesos técnicos, ambientales y regulatorios podrían extenderse durante varios años antes de que esos recursos lleguen a las comunidades.
“Entonces mi gran pregunta es y mientras tanto ¿qué? ¿Cómo resolvemos este problema de inseguridad que están viviendo las comunidades? Eso le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública”, expresó.
La visita encabezada por la presidenta Laura Fernández permitió a los diputados liberacionistas conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades cercanas a Crucitas, donde la extracción ilegal de oro, la presencia de estructuras criminales y las preocupaciones ambientales continúan siendo parte de la discusión nacional sobre el futuro de la zona.
