Violencia domestica: reforma sube penas y elimina beneficios. Vea de que se trata
En medio del debate nacional sobre seguridad y derechos humanos, la violencia doméstica se coloca otra vez en el centro de la agenda legislativa con una propuesta que promete endurecer las consecuencias para quienes incumplan medidas de protección. ¿Se trata de un giro decisivo contra la reincidencia o de un ajuste que aún deberá probar su eficacia en la práctica?
Violencia doméstica: reforma sube penas y elimina beneficios. Vea de que se trata
La discusión avanza en la corriente legislativa mientras crece la expectativa sobre el alcance real de los cambios. Las legisladoras de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde la Comisión Especial de la Mujer, aprobaron el expediente 25.23, que propone elevar de 2 a 4 años la pena de prisión para quienes incumplan medidas de protección en casos de violencia doméstica, además de restringir beneficios penitenciarios en casos de reincidencia.
Penas más altas y menos beneficios
Actualmente, la penalización por incumplir medidas de protección oscila entre seis meses y dos años de cárcel. Con la reforma, la condena pasaría a un rango de dos a cuatro años, lo que implicaría un endurecimiento significativo del marco legal.
Según explicaron las congresistas, la intención es que las órdenes de alejamiento y demás medidas cautelares sean efectivas. “Busca que esta protección no esté solo en el papel, sino que sea real. La razón de ser que una mujer busca protección es que para que esta persona no se acerque y hoy pueden recibir el beneficio de ejecución de la pena, cosa que queda prohibida en un agresor que no cumple esta restricción. Ese es uno de los cambios”, detallaron durante la discusión.
El otro ajuste clave apunta a eliminar la posibilidad de ciertos beneficios penitenciarios cuando el agresor reincide en el incumplimiento de medidas. En palabras de las legisladoras: “La otra modificación es que actualmente la penalización es de 6 meses a 2 años y la estamos aumentando de 2 años a 4 años”.
El mensaje político es claro: si el agresor desobedece la orden judicial de no acercarse a la víctima, enfrentará consecuencias más severas y con menos margen para reducir su condena.
La reforma busca responder a una crítica recurrente en casos de violencia doméstica en Costa Rica: la percepción de impunidad cuando el agresor viola las restricciones y aun así accede a beneficios de ejecución de la pena.
Desde la Comisión se insistió en que el objetivo es reforzar la seguridad de las víctimas y enviar una señal contundente sobre la seriedad de las medidas de protección. La reincidencia, bajo este nuevo esquema, tendría un impacto directo en la posibilidad de acceder a beneficios.
Ambas iniciativas —la penal y otra de carácter económico— avanzan ahora al plenario legislativo, donde enfrentarán el debate final antes de una eventual aprobación.
Pero el abordaje no se limita al castigo penal. En paralelo, las congresistas avalaron el expediente 24.730, que reduciría del 13% al 4% el cobro que deriva a cooperativas lideradas por mujeres, como un incentivo fiscal para fortalecer su crecimiento.
Para acceder al beneficio, las cooperativas deberán demostrar anualmente, mediante una declaración presentada ante el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocop), su crecimiento en ventas, generación de empleo femenino y reinversión en proyectos cooperativos.
“Lo que busca es fortalecer la participación de las mujeres en cooperativas”, señalaron las diputadas. Además, enfatizaron la relación entre dependencia económica y ciclos de violencia: “Además, fortalecer eh la independencia económica de las mujeres en la línea de que siempre he señalado que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos estos círculos de violencia de las mujeres se da por esta dependencia económica. Entonces, va en estas dos ramas y lo que hace es fortalecer la participación de mujeres bajando el IVA al 4% para tener estos incentivos”.
La estrategia, explicaron, combina dos frentes: mayor rigor penal para agresores y mayor autonomía financiera para las mujeres.
Debate abierto en el plenario
Ahora, la discusión se trasladará al plenario legislativo de la Asamblea Legislativa, donde las fracciones deberán definir si respaldan el endurecimiento de penas y la reducción fiscal para cooperativas lideradas por mujeres.
El debate promete generar posiciones encontradas. Mientras algunos sectores celebran el aumento de penas como una herramienta necesaria contra la violencia doméstica en Costa Rica, otros podrían cuestionar si el endurecimiento penal por sí solo garantiza una disminución real en los casos.
Lo cierto es que el país vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible y urgente: cómo garantizar que las medidas de protección sean efectivas y cómo romper los ciclos de violencia que afectan a miles de mujeres.
La incógnita ahora es si estas reformas marcarán un antes y un después en la lucha contra la violencia doméstica o si el desafío seguirá siendo su aplicación efectiva en la práctica judicial.
