Villalta arremete contra Gabriel Aguilar: «Parece la de un chiquito de escuela que hace berrinche»
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, por la suspensión de las audiencias virtuales en los centros penitenciarios. El legislador planteó dudas sobre las razones utilizadas para limitar este mecanismo dentro de las cárceles.
Los señalamientos fueron realizados durante una intervención en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde Villalta manifestó su desacuerdo con la decisión atribuida al Ministerio de Justicia. Según el diputado, la medida genera interrogantes debido a las implicaciones operativas y de seguridad que supone trasladar personas privadas de libertad.
La discusión surgió, de acuerdo con la versión expuesta por Villalta, después del traslado presencial de un privado de libertad considerado de alto perfil para mantener una reunión con agentes de la DEA. En ese procedimiento, según indicó el legislador, no se utilizó la modalidad de conexión remota.
A partir de ese episodio, Villalta sostuvo que el Ministerio de Justicia habría tomado la decisión de suspender de manera general las audiencias virtuales en los centros penitenciarios. El diputado cuestionó que una situación particular pudiera derivar en una medida de alcance más amplio.
Villalta cuestiona actuación del ministro
Durante su intervención, el legislador utilizó una expresión particularmente crítica para referirse al comportamiento que, a su criterio, habría mostrado el jerarca de Justicia. Villalta comparó la actuación con la de “un chiquito de escuela que hace berrinche”.
“No se puede gestionar la cosa pública así, no se puede gestionar los recursos públicos, temas tan delicados, con ese comportamiento inmaduro”, manifestó el diputado durante su intervención.
Villalta también puso sobre la mesa las consecuencias logísticas que implica movilizar personas privadas de libertad desde los centros penitenciarios hasta otros puntos para cumplir con diligencias judiciales. Entre los recursos involucrados mencionó vehículos, personal de la Policía Penitenciaria y medidas adicionales de seguridad.
El diputado señaló que estos desplazamientos pueden adquirir una mayor complejidad cuando se trata de personas clasificadas como privadas de libertad de alto perfil. En esos casos, los operativos requieren una planificación que contemple tanto la seguridad del interno como la de los funcionarios encargados de su traslado.
Desde la perspectiva planteada por Villalta, las audiencias virtuales constituyen una herramienta que puede facilitar determinadas diligencias judiciales sin necesidad de movilizar físicamente a las personas privadas de libertad. El legislador sostuvo que esta alternativa puede contribuir a reducir riesgos, desplazamientos y utilización de recursos institucionales.
El cuestionamiento del diputado también se concentró en los criterios que deberían sustentar una eventual suspensión de las audiencias virtuales. Villalta sostuvo que una decisión de esa naturaleza debería estar acompañada de argumentos técnicos que permitan determinar cuándo resulta conveniente utilizar la modalidad presencial y cuándo puede recurrirse a la conexión remota.
La controversia ocurre en medio de las discusiones legislativas relacionadas con seguridad, funcionamiento del sistema penitenciario y administración de los recursos públicos. Las audiencias virtuales forman parte de las herramientas utilizadas para facilitar diligencias judiciales y evitar determinados desplazamientos desde los centros penitenciarios.
No obstante, las afirmaciones sobre las razones que habrían provocado la suspensión corresponden a la posición expresada por Villalta durante la sesión legislativa. Para establecer las motivaciones oficiales de la medida será necesario considerar la explicación del Ministerio de Justicia y los criterios técnicos que respalden su aplicación.
El debate planteado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico deja sobre la mesa la discusión sobre el uso de mecanismos virtuales dentro del sistema penitenciario y los criterios que deben aplicarse para determinar su continuidad o eventual restricción.
