Laura Fernández busca blindar a policías que utilicen sus armas contra delincuentes
La protección jurídica de los policías y el uso de armas durante el cumplimiento de sus funciones se convirtieron en el eje central de uno de los proyectos de ley presentados por la presidenta Laura Fernández dentro de su paquete de iniciativas en materia de seguridad.
La propuesta, denominada Ley Gerson Rosales, busca establecer mayores garantías legales para los oficiales que enfrentan situaciones de riesgo mientras realizan operativos contra la delincuencia. Según explicó la mandataria, los policías no deberían enfrentar procesos judiciales prolongados por utilizar sus armas reglamentarias cuando actúan en defensa de la ciudadanía.
Laura Fernández busca blindar a policías que utilicen sus armas contra delincuentes o «legítima defensa»
Durante la presentación del proyecto, Fernández afirmó que los agentes de seguridad trabajan diariamente en escenarios cada vez más complejos, donde deben enfrentar a delincuentes fuertemente armados. En ese contexto, sostuvo que el Estado debe brindarles herramientas legales que respalden sus actuaciones.
“No puede ser posible que nuestros oficiales de policía se enfrenten a delincuentes armados hasta los dientes y que cuando hacen uso de las armas de reglamento en cumplimiento de su labor tengan que involucrarse en un calvario jurídico para justificar el uso de la fuerza en sus operaciones diarias”, manifestó la presidenta.
La iniciativa pretende regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y establecer criterios que permitan reconocer como justificada la actuación de los oficiales cuando empleen sus armas durante el cumplimiento de su deber. De acuerdo con el Gobierno, la medida busca ofrecer seguridad jurídica a quienes participan en labores de protección ciudadana.
Uno de los cambios más relevantes planteados en el proyecto es que la respuesta armada de un oficial pueda presumirse como legítima defensa cuando se produzca en el ejercicio de sus funciones. La administración considera que esta disposición permitiría reducir la incertidumbre legal que enfrentan algunos policías después de intervenir en situaciones de peligro.
“La respuesta armada de un oficial de los diferentes cuerpos de policía de nuestro país debe presumirse como legítima defensa”, señaló Fernández al explicar los alcances de la propuesta.
Además del respaldo legal para el uso de armas, el proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones para quienes ataquen a miembros de los cuerpos policiales o interfieran en el desempeño de sus funciones. El Ejecutivo sostiene que estas medidas contribuirían a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.
La presidenta indicó que la iniciativa fue concebida como un reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres que integran los diferentes cuerpos policiales del país. En esa línea, destacó que el proyecto lleva el nombre de Gerson Rosales, el oficial de Fuerza Pública asesinado mientras cumplía con su labor.
“Con este proyecto de ley estamos regulando el uso de la fuerza y estableciendo que es justificado por parte de los cuerpos policiales en el cumplimiento de su labor de protección a las familias costarricenses y recuperación de la seguridad”, agregó la mandataria.
El proyecto iniciará ahora su proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán analizar los alcances de las reformas propuestas y su impacto en el marco legal que regula la actuación policial en Costa Rica.
