Urbagestión: empresa en el centro de la polémica por el desalojo de Maricarmen una mujer de 87 años, en Madrid
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de la vivienda donde residió durante siete décadas en Madrid, pese a que pagaba mensualmente un alquiler y cuenta con una discapacidad. El caso provocó protestas de activistas, críticas políticas y cuestionamientos desde Naciones Unidas.
¿Quién es Urbagestión?
La propiedad del inmueble pertenece a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, compañía creada en 2005 y que también opera bajo el nombre de Urbagesa. Su negocio consiste en adquirir inmuebles, incrementar su valor mediante reformas y posteriormente comercializarlos. La empresa trabaja con propiedades comerciales, oficinas, espacios industriales, logísticos, residenciales y terrenos.
Urbagestión: empresa en el centro de la polémica por el desalojo de Maricarmen una mujer de 87 años, en Madrid
El origen del conflicto
El edificio donde vivía Maricarmen fue adquirido en 2018 por Renta Corporación. En ese momento, la mujer tenía la posibilidad de comprar su vivienda por unos 290.000 euros, pero sus ingresos no le permitían asumir ese costo.
Dos años después, Urbagestión compró el inmueble y planteó un alquiler cercano a los 3.000 euros mensuales, muy por encima de los aproximadamente 570 euros que Maricarmen pagaba bajo un antiguo contrato firmado por sus padres en 1956.
Un contrato de décadas
El acuerdo pertenecía al denominado régimen de “renta antigua”, establecido para contratos de alquiler suscritos durante el franquismo y sujeto a normas especiales sobre precios y transmisión de derechos. Urbagestión sostuvo que ese contrato había llegado a su fin y reclamó una renta actualizada.
Tras varios años de disputa judicial, los tribunales fallaron a favor de la compañía y el miércoles se ejecutó el desalojo. El operativo ocurrió mientras decenas de personas se concentraban frente al inmueble para intentar impedirlo.
El caso llegó hasta la ONU
La situación también generó pronunciamientos internacionales. Naciones Unidas había pedido suspender el desalojo y garantizar a Maricarmen una alternativa habitacional adecuada. Tras la ejecución, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, cuestionó que se priorizara la rentabilidad inmobiliaria frente a la situación de una mujer de 87 años.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también calificó lo ocurrido como una “tragedia” y señaló que era inaceptable.
