Tres jueces caen en 48 horas: Uno destituido que nunca se fue y dos escándalos en la mira de la Fiscalía
Tres jueces detenidos en un lapso de 48 horas encendieron las alarmas dentro del Poder Judicial costarricense. Las capturas, ejecutadas entre el martes 1.º y el miércoles 2 de setiembre, forman parte de dos investigaciones separadas que lidera la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), y que involucran a despachos de Pococí y Garabito.
Tres jueces caen en 48 horas: Un juez destituido que nunca se fue y dos escándalos en la mira de la Fiscalía
El primer caso golpeó al Tribunal Penal de Pococí, donde fueron arrestados los funcionarios de apellidos Valverde y Ramírez. La Fiscalía los señala por presuntos favorecimientos a personas ligadas a la estructura atribuida a Alejandro Arias Monge, alias «Diablo».
Según el expediente, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2023 y 2026. Las autoridades buscan determinar si ambos utilizaron su cargo para beneficiar a integrantes de esa organización, en delitos como cohecho, peculado de uso y procuración de impunidad.
A partir de comunicaciones intervenidas, la Fiscalía afirma que Valverde «llegó a brindar criterios legales» sobre procesos vinculados al círculo investigado. Ambos jueces quedaron en libertad, pero el Juzgado Penal de Hacienda les impuso impedimento de salida del país, firma periódica y restricciones para acercarse a los tribunales de la zona.
Los dos funcionarios fueron además suspendidos de sus cargos mientras avanza la causa. La Fiscalía apeló la resolución en el caso de Valverde, contra quien había solicitado prisión preventiva, por lo que una instancia superior deberá revisar la decisión judicial.
El caso aparte del juez de Garabito
Un día después, el 2 de setiembre, la FAPTA detuvo al juez Mora Herrera, del Juzgado Penal de Garabito, en una causa independiente de la anterior. Se le investiga por presunto prevaricato y divulgación de secretos.
Durante el allanamiento de su oficina, los investigadores decomisaron un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y la computadora que utilizaba el funcionario. Posteriormente, Mora Herrera rindió declaración indagatoria ante las autoridades correspondientes.
La Fiscalía solicitó su suspensión temporal mientras continúa el proceso, pero el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó esa medida cautelar. Ante esto, FAPTA presentó una apelación para que un tribunal superior revise lo resuelto.
El caso de Mora Herrera no es su primer roce con la administración judicial. Desde 2023 mantiene pendiente un proceso distinto relacionado con su destitución como juez, el cual fue validado por el Tribunal Contencioso Administrativo en abril de 2026. Sin embargo, presentó un recurso de casación y continúa activo en funciones mientras se resuelve.
Los tres funcionarios permanecen en condición de sospechosos dentro de sus respectivos expedientes. Tanto las detenciones como las medidas administrativas y cautelares aplicadas no constituyen una condena, por lo que la determinación de responsabilidades quedará sujeta al desarrollo de los procesos judiciales correspondientes.
