¿Soberanía o seguridad? Que dijo la presidenta Fernández de abrir la puerta a militares para combatir la crimininalidad en Costa Rica
El costo político de abrir la puerta a militares abre un nuevo debate sobre una eventual presencia militar estadounidense en Costa Rica, luego de que la propia presidenta Laura Fernández confirmara, en una entrevista con la agencia internacional Reuters, que el tema fue conversado meses atrás con autoridades de Washington. La mandataria indicó que ya existió una conversación sobre esa posibilidad y que explicó cuáles son los canales legales que Costa Rica exigiría para permitirla, aunque aclaró que actualmente no hay ninguna gestión concreta en marcha.
¿Soberanía o seguridad? Que dijo la presidenta Fernández de abrir la puerta a militares para combatir la crimininalidad en Costa Rica
Consultada sobre si vería con buenos ojos operaciones terrestres de tropas estadounidenses en territorio nacional, Fernández fue clara al vincular esa posibilidad a objetivos compartidos. La mandataria señaló que un despliegue de este tipo sería beneficioso si apunta a metas compartidas contra redes criminales, aunque subrayó que no existen gestiones vigentes y que el Congreso debe autorizarlo.
La aclaración no es menor: la Constitución costarricense eliminó el ejército como institución permanente en 1948, por lo que cualquier ingreso de tropas extranjeras o permanencia de naves de guerra en el país requiere aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como ocurre actualmente con el Convenio de Patrullaje Conjunto.
El contexto regional: Escudo de las Américas y la Coalición Anticartel
Las declaraciones de Fernández no ocurren de forma aislada. Costa Rica es uno de los países fundadores de «Escudo de las Américas», una alianza multinacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, y en marzo pasado el exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, firmó junto a representantes de otros 17 países la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, en Doral, Florida.
Sin embargo, el propio Zamora se ha encargado de diferenciar la cooperación existente de la instalación de bases militares. Ante la propuesta de un asesor de Fernández de ubicar fuerzas armadas estadounidenses en Limón, Puntarenas y Guanacaste, el ministro respondió con escepticismo: explicó que no necesariamente vería con buenos ojos tener bases militares en el país, porque los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas.
Zamora también ha defendido el modelo de cooperación actual frente a las críticas, destacando el trabajo conjunto con agencias estadounidenses. El exministro afirmó que en 2025 se triplicaron las operaciones conjuntas con la DEA y casi se duplicaron los trabajos con el FBI en territorio nacional, y sostuvo que las verdaderas amenazas a la soberanía provienen de las redes del crimen organizado, no de la cooperación internacional.
La cifra que complica el debate: homicidios a la baja, pero inseguridad persistente
Un dato que añade matices a la discusión es que, pese a la alarma pública, los homicidios en Costa Rica muestran una tendencia a la baja. Los datos judiciales muestran que en la primera mitad de 2026 los homicidios disminuyeron un 14% en comparación con el mismo período de 2025. Aun así, el narcotráfico transnacional continúa siendo señalado como el principal problema de seguridad del país, según reconoció la propia mandataria.
Este contrapunto —menos homicidios pero mayor apertura al discurso militar— ha sido uno de los elementos que analistas y editorialistas han puesto sobre la mesa para cuestionar la proporcionalidad de la medida planteada por el Gobierno.
La propuesta de instalar bases militares extranjeras, planteada meses atrás por un asesor cercano a Fernández, generó incluso un pronunciamiento editorial del diario La Nación, que calificó la idea como una ocurrencia individual que no debía pasar inadvertida por la relevancia del cargo de quien la planteó. El texto insistió en que cualquier iniciativa de este tipo tendría que sortear el obstáculo constitucional y pasar por un amplio debate legislativo antes de ser considerada viable.
En paralelo, el propio Zamora ha buscado despejar dudas sobre acuerdos formales suscritos durante la cumbre de Doral. Según el exministro, Costa Rica no firmó ningún convenio de cooperación militar, sino que el mandatario estadounidense únicamente ofreció ayuda para combatir al crimen organizado.
La discusión se da además en un contexto fiscal particular: Fernández ha defendido un proyecto para emitir hasta 13.500 millones de dólares en eurobonos durante los próximos nueve años, con el argumento de que esos recursos permitirían liberar presupuesto adicional para seguridad nacional, aunque no ha precisado montos específicos destinados a ese fin.
Hasta el momento, el ejectivo ha presentado ante la Asamblea Legislativa una propuesta formal que active los mecanismos constitucionales necesarios para autorizar una eventual operación conjunta con fuerzas estadounidenses en territorio costarricense.
