Sala IV admite recurso que cuestiona rechazo sobre Rocío Alfaro en la junta de la CCSS
La Sala Constitucional dio curso a un recurso de amparo presentado por la Unión Médica Nacional (UMN) contra el Consejo de Gobierno, luego de que este rechazara el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La resolución abre el análisis judicial sobre la legalidad de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
La acción constitucional fue presentada por Randall Cabrera, vicepresidente de la UMN, quien sostiene que el acuerdo aprobado el pasado 24 de junio vulneró principios relacionados con la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones de trabajadores y los derechos fundamentales de la exlegisladora. La admisión del recurso no implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso, sino que habilita el trámite para valorar los argumentos expuestos por las partes.
Sala IV admite recurso que cuestiona rechazo sobre Rocío Alfaro en la junta de la CCSS
Sindicatos cuestionan la decisión del Ejecutivo
En el recurso de amparo, la organización solicita que se deje sin efecto el acuerdo mediante el cual el Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de Alfaro. Además, pide que se restituyan los derechos que considera lesionados, que las autoridades recurridas se abstengan de repetir actuaciones similares y que se condene al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, en caso de determinarse una violación a derechos fundamentales.
De acuerdo con la documentación aportada, la designación de Rocío Alfaro se realizó el 9 de junio durante una Asamblea del Movimiento Sindical celebrada en las instalaciones de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). Según la UMN, la exdiputada obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos, por lo que fue electa como representante titular del sector sindical ante la Junta Directiva de la CCSS.
Tras ser comunicada oficialmente la designación, el Consejo de Gobierno decidió rechazar el nombramiento al considerar que la candidata no cumplía con los requisitos legales para integrar ese órgano de dirección. Esa determinación motivó la presentación del recurso constitucional.
La UMN argumenta que el acuerdo representa una intervención indebida del Poder Ejecutivo en una decisión adoptada democráticamente por las organizaciones sindicales. Según el recurso, corresponde a los sindicatos elegir libremente a quienes los representarán y las autoridades públicas deben respetar esa voluntad.
Argumentos sobre honorabilidad, imparcialidad y libertad de expresión
Otro de los aspectos cuestionados por la organización sindical son los criterios utilizados para justificar el rechazo del nombramiento. En el recurso se sostiene que el Consejo de Gobierno atribuyó a Alfaro falta de honorabilidad, competencia e imparcialidad mediante valoraciones que la UMN considera subjetivas y carentes de respaldo jurídico.
La organización también afirma que la exdiputada no registra inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, sanciones administrativas firmes ni impedimentos legales que le impidan asumir la representación sindical. Asimismo, cuestiona que se haya tomado en cuenta su presunta militancia política activa como argumento para rechazar su designación.
El recurso además señala que la normativa aplicable no exige una profesión específica ni limita el requisito de conocimientos en materias económico-sociales a determinadas disciplinas académicas, por lo que considera improcedente esa valoración realizada por el Ejecutivo.
Finalmente, la UMN objeta que se utilizaran opiniones públicas emitidas por Alfaro sobre la prestación de servicios de Ebáis por parte de cooperativas como elemento para descalificar su nombramiento. La organización sostiene que esa valoración podría afectar la libertad de expresión y el derecho a participar en el debate sobre asuntos de interés público, aspectos que ahora deberán ser analizados por la Sala Constitucional durante la tramitación del recurso.
