Rodrigo Chaves es acusado por exministra Patricia Navarro de «asfixia financiera»
Patricia Navarro, exministra de Comunicación, atraviesa una situación económica crítica que la obligó a rematar su vivienda de montaña tras catorce años. La exjerarca atribuye este escenario a una supuesta persecución política orquestada desde el Poder Ejecutivo.
La exministra sostiene que tanto ella como su esposo han sido excluidos del mercado laboral costarricense tras las filtraciones de audios en Casa Presidencial. Según su testimonio, el desempleo prolongado agotó sus ahorros e impidió el pago de su hipoteca.
Rodrigo Chaves es acusado por exministra Patricia Navarro de «asfixia financiera»
La exministra rompió el silencio en redes sociales para detallar el impacto patrimonial de su salida del Gobierno. En su descargo, señaló directamente al mandatario como el responsable de su actual vulnerabilidad financiera y la falta de oportunidades profesionales.
“Tener que dejar la montaña que amo, porque un ser diabólico decidió usar su poder para quitarnos el derecho al trabajo, es quizá lo más duro que he pasado”, sentenció. Sus palabras reflejan la tensión persistente entre la exfuncionaria y la administración actual.
Navarro defendió su integridad asegurando que no aceptó beneficios a cambio de su silencio durante su gestión en el Ministerio de Comunicación. Para la comunicadora, mantener su puesto bajo ciertas condiciones “hubiera sido recibir dinero sucio”, según explicó recientemente.
El conflicto escaló tras la entrega de grabaciones que evidenciaban presuntas irregularidades en contratos financiados por el BCIE. Estos audios involucraban a figuras de alto nivel, incluyendo al estratega Federico Cruz y al empresario Christian Bulgarelli en reuniones de Zapote.
A pesar de la relevancia de sus revelaciones, la exjerarca lamentó el desamparo total por parte de los sectores políticos de la oposición. Según Navarro, tras entregar las pruebas de supuesta corrupción, ninguna organización de Derechos Humanos le brindó el respaldo necesario.
“Nos dejaron solos”, lamentó Navarro, refiriéndose a la falta de protección para quienes denuncian actos irregulares desde el seno del Estado. La exministra subraya que el precio de la transparencia ha sido, en su caso, la pérdida total de su patrimonio.
La respuesta de Casa Presidencial ha sido contundente, calificando a la exministra de «criminal confesa» por la captura de comunicaciones privadas. El presidente Chaves argumenta que las grabaciones violan el Código Penal y que fueron sacadas de su contexto original.
Por otro lado, el Ministerio Público ha utilizado dicho material para abrir una causa penal por el presunto delito de concusión. Esta investigación mantiene el foco sobre el manejo de fondos públicos y la influencia de asesores externos en la comunicación estatal.
Mientras el proceso judicial avanza, Navarro prepara su mudanza con un mensaje cargado de misticismo y advertencias hacia el futuro del Gobierno. “Chaves cree que ganó, pero no sabe lo que implica tocar a unos hijos de Dios”, concluyó en su perfil personal.
Este caso plantea interrogantes sobre la protección real de los denunciantes en Costa Rica y las represalias económicas. El futuro de Navarro y la resolución legal de los audios marcarán un precedente en la política nacional y la libertad de expresión.
