Reforma sobre residuos da 2 años extra: Pero Salud lanza una advertencia
Una reforma reglamentaria del Ministerio de Salud de Costa Rica abre un margen excepcional para el manejo de residuos sólidos en el país, pero también plantea interrogantes sobre cómo se resolverá el problema estructural de la basura en los próximos años. ¿Se trata de una solución temporal o de un aviso urgente para que las municipalidades aceleren decisiones que llevan años pendientes?
El cambio normativo, anunciado este miércoles 4 de marzo de 2026, modifica varios artículos del Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos en Costa Rica (Decreto Ejecutivo N.° 44974-S). La reforma establece condiciones específicas que permitirán, de manera excepcional, el traslado de residuos fuera de la región durante un plazo máximo de dos años. Sin embargo, el verdadero impacto de la medida dependerá de cómo actúen los gobiernos locales antes de que el reloj empiece a correr.
Reforma sobre residuos da 2 años extra: Pero Salud lanza una advertencia
La reforma incluye modificaciones a los artículos 9 y 10, además de la incorporación del artículo 9 bis y un transitorio dentro del reglamento. Según informó el Ministerio de Salud, esta medida aplicará únicamente en circunstancias específicas: cuando no exista un Parque Ambiental disponible, cuando el proyecto esté en construcción o cuando el sitio de disposición final se encuentre fuera de operación.
En ese escenario, las municipalidades que actualmente cuentan con una excepción vigente podrán solicitar autorización para trasladar los residuos fuera de su región. No obstante, este permiso tendrá una fecha límite clara: aplicará solo para los casos cuya excepción vence el próximo 28 de abril de 2026.
La decisión responde a una realidad que varios gobiernos locales han venido enfrentando en los últimos años: la falta de infraestructura suficiente para la disposición final de residuos. Sin embargo, la reforma busca evitar que esta situación se convierta en una práctica permanente o en una excusa para retrasar soluciones definitivas.
Uno de los puntos clave del nuevo reglamento establece un límite de distancia para el traslado de residuos ordinarios hacia los llamados Parques Ambientales. De acuerdo con la normativa, el transporte no podrá superar un radio de 80 kilómetros desde el punto más lejano del cantón hasta el sitio de disposición final.
Si el traslado supera esa distancia, las municipalidades estarán obligadas a utilizar una estación de transferencia que permita optimizar el transporte dentro de la misma región. Este mecanismo busca reducir costos logísticos, disminuir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de gestión de residuos.
La ministra de Salud, Mary Munive, advirtió que la reforma no debe interpretarse como una oportunidad para aplazar decisiones importantes. Según explicó, el objetivo es brindar un margen de acción limitado mientras se desarrollan soluciones sostenibles.
“No se trata de tirar la pelota hacia adelante, sino de asumir la responsabilidad y trabajar desde ahora en soluciones reales”, afirmó la jerarca.
El mensaje también apunta a las administraciones municipales que se encuentran en los últimos años de su gestión. Para el Ministerio de Salud, el manejo de residuos no puede convertirse en un problema heredado a las próximas autoridades locales.
En paralelo, la institución reiteró la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura que permitan modernizar la gestión de residuos en el país. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la propuesta para desarrollar el primer biodigestor estatal.
Este proyecto ha sido impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad en conjunto con el Ministerio de Salud y fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el diputado Manuel Morales Díaz.
La propuesta busca transformar residuos orgánicos en energía mediante un sistema de biodigestión, lo que permitiría reducir el volumen de desechos que llega a rellenos sanitarios y, al mismo tiempo, generar energía limpia.
Para las autoridades sanitarias, la aprobación de esta iniciativa podría marcar un punto de inflexión en la gestión ambiental del país, especialmente en un contexto donde el crecimiento urbano y el aumento en la generación de basura presionan cada vez más la capacidad de los sistemas actuales.
Mientras tanto, la reforma reglamentaria funciona como una medida puente. Ofrece tiempo limitado para que las municipalidades encuentren soluciones estructurales, desarrollen infraestructura adecuada y eviten crisis sanitarias por acumulación de residuos.
La pregunta que queda en el aire es si ese plazo excepcional de hasta dos años será suficiente para transformar un sistema que lleva décadas enfrentando desafíos. El tiempo, y las decisiones que se tomen desde ahora, determinarán si esta reforma fue un simple respiro temporal o el inicio de un cambio real en la gestión de residuos en Costa Rica.
