Miguel Guillén cuestionó a Laura Fernández por el Secreto de Estado: “El narcotráfico no se combate ocultando…»
El Secreto de Estado decretado por la Administración Fernández Delgado sobre información relacionada con organismos de seguridad generó cuestionamientos del secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien pidió a la presidenta Laura Fernández reconsiderar la medida y defendió una mayor transparencia institucional.
El dirigente de Liberación Nacional criticó que el Gobierno declarara como Secreto de Estado la documentación, archivos e información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo denominado “Fuerza Élite”.
Miguel Guillén cuestionó a Laura Fernández por el Secreto de Estado: “El narcotráfico no se combate ocultando…»
Guillén sostuvo que la decisión debe analizarse en el contexto de las políticas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Según el dirigente liberacionista, mantener bajo reserva información relacionada con la gestión policial podría limitar el escrutinio ciudadano sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad.
“Presidenta Fernández, rectifique. Si prometió combatir al crimen organizado, demuéstrelo. El narcotráfico no se combate ocultando las debilidades de la gestión policial, sino identificándolas, corrigiéndolas y depurando los cuerpos de seguridad”, manifestó Guillén.
Guillén vincula la medida con recientes cuestionamientos policiales
El secretario general del PLN también relacionó su crítica con un informe policial que, según afirmó, habría expuesto indicios de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro de la Fuerza Pública.
“No es casualidad. Hace apenas unos días Costa Rica conoció un informe policial que reveló graves indicios de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro de la Fuerza Pública. Una información que permaneció lejos del conocimiento ciudadano. Y ahora, casi inmediatamente, Laura Fernández decreta un amplísimo secreto sobre información policial”, criticó.
El señalamiento de Guillén coloca el debate sobre el Secreto de Estado dentro de una discusión más amplia acerca de los límites entre la protección de información sensible y el derecho de la ciudadanía a conocer aspectos relacionados con la seguridad pública.
La controversia también alcanza la forma en que el Gobierno administra información vinculada con organismos de inteligencia y seguridad. Para el dirigente del PLN, la reserva de documentos debe responder a razones relacionadas con la protección del Estado y no convertirse, según su planteamiento, en una barrera frente a la fiscalización pública.
Guillén afirmó que existe una relación temporal entre el informe policial mencionado y la decisión anunciada por la Administración Fernández Delgado. No obstante, esa interpretación corresponde a la valoración política expresada por el secretario general liberacionista y no constituye, por sí misma, una determinación sobre las razones oficiales de la medida.
Crítica apunta al alcance de la reserva
El dirigente opositor cuestionó particularmente el alcance que tendría el decreto sobre información relacionada con seguridad nacional. Su argumento se centra en la necesidad de establecer límites claros para que la clasificación de documentos no impida conocer eventuales problemas dentro de los cuerpos policiales.
Para Guillén, la discusión no debería limitarse a determinar qué información puede mantenerse reservada, sino también a garantizar mecanismos institucionales capaces de investigar, corregir y prevenir posibles vulnerabilidades en materia de seguridad.
En ese sentido, planteó una diferencia entre proteger información cuya divulgación pueda comprometer operaciones de seguridad y utilizar la figura del secreto para evitar cuestionamientos públicos. “El secreto de Estado debe proteger a Costa Rica del crimen organizado, no proteger al Gobierno del escrutinio ciudadano”, sentenció.
El pronunciamiento del secretario general del PLN añade presión política sobre la Administración Fernández Delgado en torno a la decisión de declarar información como Secreto de Estado. La discusión queda vinculada tanto con la seguridad nacional como con el acceso ciudadano a información de interés público.
La medida involucra documentación relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y “Fuerza Élite”, mientras el cuestionamiento de Guillén plantea la necesidad de conocer los criterios utilizados para determinar qué información queda bajo reserva y durante cuánto tiempo permanecerá esa clasificación.
