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MEP pone en duda legalidad de la huelga y dice que tiene «transfondo políico»

Ministerio pedirá a la Procuraduría que un juzgado de trabajo defina la legalidad del movimiento sindical.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuestionó la legalidad y los motivos de la huelga docente anunciada por los sindicatos del sector educativo. La institución advirtió que el movimiento deberá cumplir todos los requisitos de ley y sostuvo que, a su criterio, responde a intereses políticos.

Un representante de la cartera explicó que una huelga no se rige por las mismas reglas que una marcha o una manifestación. Por esa razón, las organizaciones gremiales deberán acreditar las causas que la motivan. «Una huelga, según lo establece la ley, tiene que cumplir con toda la normativa establecida», señaló.

MEP pone en duda legalidad de la huelga y dice que tiene «transfondo políico»

De acuerdo con el funcionario, a esta fecha los sindicatos ya debían haber comunicado al MEP dónde, cómo y cuándo se desarrollará el movimiento. También debían indicar quiénes serán los responsables y qué medidas aplicarán para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Entre esos servicios citó la educación especial y los comedores estudiantiles. Asimismo, recordó que, aun en medio de una huelga, determinados servicios deben mantenerse activos y los centros educativos tienen que permanecer abiertos.

Sindicatos deberán demostrar la afectación

El vocero añadió que las agrupaciones tendrán que comprobar la afectación económica y social que, según sus planteamientos, enfrentan los docentes y el personal administrativo del Ministerio. «Las huelgas tienen que ser justificadas», manifestó.

En Costa Rica, los procedimientos para convocar una huelga se rigen por el Código de Trabajo, reformado en 2020 mediante la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (N.° 9808), que establece condiciones específicas para los servicios públicos.

Como parte de su respuesta, el MEP anunció que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las gestiones correspondientes ante un juzgado de trabajo. El objetivo es que sea esa instancia judicial la que determine si el movimiento se ajusta a derecho.

«Sean ellos, no yo ni los sindicatos, los que demuestren la legalidad o no de la huelga», expresó el representante. Agregó que, en caso de que el movimiento sea declarado ilegal, la institución procederá conforme corresponda.

El funcionario también se refirió a los tres argumentos expuestos por los gremios para convocar a la protesta. Se trata del presunto incumplimiento de compromisos con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio (JUPEMA), la reducción del presupuesto destinado a educación y la transición al esquema de salario global.

«Los tres argumentos planteados por los sindicatos (…) son, en mi entender, argumentos muy débiles y que no se sostienen», afirmó el representante de la cartera.

El esquema de salario global forma parte de la Ley Marco de Empleo Público y ha sido uno de los temas que más inquietud ha generado entre los trabajadores del sector educativo en los últimos años.

Además, el vocero sostuvo que detrás de la convocatoria existe un componente político y puso en duda la credibilidad de las organizaciones sindicales. «Lo que está detrás de la huelga es un tema más político, en los cuales los sindicatos hoy en día están totalmente desacreditados», declaró.

El representante del MEP reconoció que el movimiento tendría consecuencias para el curso lectivo, debido a la suspensión de lecciones en los centros educativos cuyo personal decida sumarse a la huelga.

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