Laura Fernández y Gabriel Aguilar ante la Sala IV: recurso busca frenar traslados al CACCO por “celdas a 40 grados”
La organización denunciante advierte de temperaturas de hasta 40 grados y celdas compartidas entre integrantes de grupos criminales rivales.
La presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, deberán responder ante la Sala Constitucional por un recurso de amparo que pretende suspender los primeros traslados al CACCO, la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en San Rafael de Alajuela.
La gestión fue interpuesta por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias. La organización alega posibles riesgos para la salud, la seguridad y la integridad de las personas que serán recluidas en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.
Laura Fernández y Gabriel Aguilar ante la Sala IV: recurso busca frenar traslados al CACCO por “celdas a 40 grados”
Uno de los puntos centrales del recurso es la eventual convivencia de integrantes de organizaciones criminales rivales. Según la asociación, compartir espacios dentro del nuevo establecimiento podría derivar en enfrentamientos entre reclusos.
El calor dentro de las celdas es otro de los señalamientos. La agrupación advierte que las temperaturas podrían superar los 38 grados Celsius e incluso llegar a los 40 grados, una situación que, a su criterio, pondría en riesgo a internos con enfermedades crónicas.
Privacidad, vigilancia y atención médica
El documento también cuestiona la falta de privacidad en los servicios sanitarios y las duchas. A ello suma posibles deficiencias en el sistema de videovigilancia y dudas sobre la disponibilidad de personal médico para atender a la población penitenciaria.
Es importante precisar que estas condiciones corresponden a señalamientos de la organización recurrente. Hasta ahora, ninguna de ellas ha sido comprobada mediante una resolución judicial.
Una cárcel con capacidad para 5.100 reos
El CACCO fue inaugurado el pasado 14 de octubre en San Rafael de Alajuela. La infraestructura tiene capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos destinados a población vinculada con el crimen organizado.
El proyecto forma parte de la estrategia gubernamental para separar a los reos de mayor peligrosidad del resto del sistema penitenciario. Su apertura ha sido presentada por las autoridades como una pieza clave en el abordaje de la criminalidad organizada.
Traslados previstos para finales de octubre
De acuerdo con la planificación del Ministerio de Justicia, los primeros traslados al CACCO comenzarían a finales de octubre. La prioridad serán las personas que actualmente cumplen condena o medidas bajo el régimen de Alta Contención.
Este grupo es, precisamente, el que concentra las preocupaciones de la asociación. La organización sostiene que las condiciones del nuevo centro deben revisarse antes de que el primer privado de libertad ingrese a sus instalaciones.
Lo que deberá resolver la Sala IV
Hasta el momento, la Sala Constitucional no ha ordenado suspender los traslados, por lo que el cronograma del Ministerio se mantiene vigente mientras el caso se analiza.
En procesos de amparo, el tribunal suele solicitar a las autoridades recurridas un informe sobre los hechos denunciados. Con esa información, los magistrados determinarán si existen condiciones que vulneren derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La Sala también tiene la facultad de dictar medidas cautelares si considera que existe un riesgo inminente. Por ahora, no se ha informado de ninguna disposición de ese tipo en relación con el nuevo centro penitenciario.
Quiénes están involucrados
Como partes recurridas figuran la presidenta de la República, Laura Fernández, y el jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar. Del otro lado se encuentra la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, que promovió la acción ante el tribunal constitucional.
El caso coloca bajo escrutinio la primera fase de operación de la cárcel, en un momento en que el Gobierno prepara el movimiento de reclusos de alta peligrosidad hacia sus nuevos módulos.
El recurso se tramita bajo el expediente 26-038494-0007-CO.
