Laura Fernández convoca a los tres poderes ante tensión nacional para buscar acuerdos sobre seguridad y justicia
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que convocará nuevamente a los presidentes de los Supremos Poderes para abordar la “tensa situación” que atraviesa el país y buscar acuerdos frente a las diferencias institucionales, especialmente en materia de seguridad y funcionamiento de la justicia.
El anuncio fue realizado durante la Cadena Nacional del domingo 9 de agosto, en un mensaje denominado “¡Quiero Paz!”. La mandataria planteó la necesidad de abrir un espacio de diálogo y establecer objetivos concretos entre las instituciones para atender las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Laura Fernández convoca a los poderes ante tensión nacional para buscar acuerdos sobre seguridad y justicia
“La tensa situación actual debe llamarnos a una reflexión profunda, porque solo recuperaremos nuestra paz si nos unimos, si trabajamos juntos, si nos apoyamos unos a otros”, manifestó Fernández durante su intervención.
La presidenta agregó que la convocatoria pretende definir compromisos verificables entre los poderes del Estado. “Con ese objetivo, convocaré nuevamente a los presidentes de todos los poderes del Estado para acordar metas responsables y plazos”, afirmó, aunque no precisó cuándo se realizará el encuentro.
Seguridad y justicia marcan las diferencias
Fernández sostuvo que las diferencias institucionales no deberían interpretarse como una confrontación entre instituciones, sino como una discusión relacionada con la respuesta estatal ante la inseguridad. Según explicó, el objetivo debe centrarse en proteger vidas y recuperar la tranquilidad de las familias.
La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha visto marcada por distintos desacuerdos. Uno de los episodios ocurrió el 20 de julio, cuando representantes judiciales no participaron en una sesión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el Gobierno.
En aquella ocasión, Fernández cuestionó la ausencia y la calificó como un “berrinche”. También planteó la posibilidad de denunciar a los jerarcas judiciales por un eventual incumplimiento de deberes, al considerar que la participación en dicho órgano está contemplada constitucionalmente.
Otro punto de tensión corresponde al presupuesto del Poder Judicial. El Ministerio de Hacienda solicitó una reducción de ¢27.000 millones para el presupuesto de 2026 y de ¢26.500 millones para 2027, una medida que generó cuestionamientos desde el ámbito judicial.
Fernández defendió la necesidad de que las instituciones públicas revisen sus resultados y respondan con mayor rapidez ante las necesidades de la población. En particular, cuestionó los procesos judiciales que permanecen durante años sin una resolución definitiva.
La mandataria también criticó situaciones en las que personas sospechosas de cometer delitos recuperan su libertad en poco tiempo. En ese contexto, pidió al Poder Judicial fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y mejorar su capacidad de respuesta.
“El Poder Judicial necesita fortalecer sus resultados, su rendición de cuentas y su capacidad de respuesta oportuna ante la ciudadanía. Siento a los magistrados en una zona de confort, interesados más en prorrogar sus nombramientos que hacer un buen trabajo. Nadie los supervisa, no rinden cuentas, no hay fiscalización”, declaró.
Fernández también cuestionó las críticas judiciales al recorte presupuestario, luego de que algunos sectores calificaran la medida como un “golpe de Estado presupuestario”. La presidenta sostuvo que los ajustes alcanzaron a distintas instituciones y defendió que los recursos públicos respondan a necesidades concretas.
“Asumo mi cuota de responsabilidad señalando lo que debe corregir el Poder Judicial. Como presidenta entregué 11 iniciativas de ley que ayudarán a los jueces a aplicar justicia con celeridad”, afirmó Fernández.
La presidenta también hizo referencia a un encuentro anterior entre jerarcas de los Supremos Poderes y señaló diferencias surgidas durante esa reunión. Además, reiteró sus cuestionamientos por la ausencia de representantes judiciales en el Consejo de Seguridad Nacional y planteó la necesidad de establecer nuevos acuerdos institucionales.
