Laura Fernández y Rodrigo Chaves enfrentan causa penal por nombrar ilegalmente directora policial
La causa penal contra Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el nombramiento de la directora de la Policía de Control Fiscal (PCF) abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar cargos de dirección dentro de los cuerpos policiales. La investigación fue abierta por la Fiscalía General tras una denuncia que cuestiona la legalidad de la designación.
El Ministerio Público confirmó la apertura del expediente 26-000076-0033-PE, mediante el cual investigará si existió alguna actuación contraria al ordenamiento jurídico durante el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal, pese a que, según la denuncia, no ostenta el rango policial exigido por la legislación vigente.
Laura Fernández y Rodrigo Chaves enfrentan causa penal por nombrar ilegalmente directora policial
La investigación se centra en determinar si el proceso de designación respetó los requisitos establecidos en la Ley General de Policía, normativa que dispone que quien dirija un cuerpo policial del Gobierno debe poseer, al menos, el grado de comisionado de Policía.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, tanto la presidenta Laura Fernández como el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, habrían impulsado modificaciones reglamentarias pocos días antes del nombramiento con el propósito de eliminar ese requisito dentro del reglamento interno de la Policía de Control Fiscal.
Cuestionan cambios al reglamento previo al nombramiento
El expediente también analiza la emisión de un decreto ejecutivo mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó el reglamento interno de la PCF, eliminando expresamente la obligación de que la persona directora poseyera un grado policial para ejercer el cargo.
Los cuestionamientos sostienen que una disposición reglamentaria no puede modificar ni dejar sin efecto un requisito previsto en una ley de la República. Bajo ese argumento, el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, señaló que el cambio normativo podría contravenir el principio de legalidad.
«Un reglamento de rango inferior no puede dejar sin efecto un requisito establecido por una ley de la República», manifestó Trejos al referirse a la reforma reglamentaria.
Katherine Tenorio Ruiz es abogada, notaria, criminóloga y cuenta con una maestría en Derecho y Negocios Internacionales. Además, anteriormente laboró como investigadora dentro de la Policía de Control Fiscal. Sin embargo, la denuncia sostiene que la documentación oficial y los anuncios del Poder Ejecutivo no evidencian que posea el rango policial requerido para asumir la Dirección General.
La denuncia también hace referencia a criterios emitidos anteriormente por la Procuraduría General de la República, los cuales, según los denunciantes, respaldan que el cargo de director de la Policía de Control Fiscal debe ser ocupado por una persona con grado de comisionado, criterio que también aparece reflejado en reglamentos institucionales y en el Manual de Clases de Puestos de ese cuerpo policial.
De acuerdo con esos documentos, la Dirección General de la Policía de Control Fiscal corresponde al nivel jerárquico superior dentro de la estructura policial de esa dependencia, condición que estaría vinculada directamente con la posesión del grado policial correspondiente.
La apertura de la causa penal no implica una determinación de responsabilidad penal contra las personas investigadas. En esta etapa, la Fiscalía recopilará prueba documental, normativa y testimonial para establecer si existen elementos que permitan determinar la existencia o no de eventuales irregularidades relacionadas con el nombramiento de la directora de la Policía de Control Fiscal.
