Diputados dan paso clave a crédito para ruta San José–San Ramón
Un crédito internacional de 770 millones de dólares para una de las obras viales más esperadas del país acaba de superar un paso clave en la Asamblea Legislativa. La decisión abre la puerta para avanzar con el proyecto del corredor vial San José–San Ramón, aunque lo hace bajo un esquema que promete más controles, mayor transparencia y vigilancia constante sobre el uso de los recursos públicos.
La resolución no ha pasado desapercibida. Aunque se trata de una iniciativa considerada estratégica para la movilidad y la economía nacional, el dictamen favorable llega acompañado de cambios que buscan evitar los errores históricos que han marcado varios megaproyectos de infraestructura en Costa Rica.
Diputados dan paso clave a crédito para ruta San José–San Ramón
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, confirmó que el órgano legislativo aprobó el dictamen afirmativo del préstamo por $770 millones destinado a financiar la ampliación y modernización del corredor vial San José–San Ramón, expediente legislativo 25.183.
Según explicó la legisladora, el crédito permitirá avanzar con una obra clave para mejorar la conectividad entre el Valle Central y la zona de Occidente, una ruta utilizada diariamente por miles de conductores, transportistas y empresas.
“Estamos hablando de una obra clave para la movilidad de miles de personas, para el transporte de mercancías y para la competitividad de la economía costarricense. Ahora bien, las mociones presentadas no cambian el objetivo del proyecto, pero sí introduce mejoras sustanciales en la forma en que esta obra será ejecutada”, resaltó Ramírez.
Mejores condiciones financieras para el crédito
Uno de los aspectos que destacó la presidenta de Hacendarios es que el proceso de revisión permitió obtener mejores condiciones financieras del organismo internacional que financiará el proyecto.
El préstamo proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución que, según explicó la diputada, accedió a reducir la tasa de interés luego de las gestiones e insistencia de los integrantes de la comisión legislativa.
Esta reducción representa un alivio en el costo financiero del proyecto y, a largo plazo, en el impacto que tendrá el financiamiento sobre las finanzas públicas del país.
Las mejoras introducidas al texto también se basaron en observaciones técnicas realizadas por instituciones especializadas como la Contraloría General de la República de Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y la Cámara Costarricense de la Construcción.
“Procuramos hacer este proyecto mejor, más transparente y seguro desde el punto de vista institucional”, recalcó Ramírez.
Nuevos controles sobre el uso de los recursos
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la comisión está relacionado con el control del uso de los fondos públicos.
El nuevo texto establece que los recursos provenientes del préstamo deberán incorporarse al presupuesto nacional mediante presupuestos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de la ejecución financiera del proyecto.
De acuerdo con la legisladora, este mecanismo permitirá fortalecer la trazabilidad del dinero y garantizar un control político más estricto sobre cómo se utilizan los recursos del crédito internacional.
Unidad técnica para evitar atrasos y sobrecostos
Otra de las modificaciones incluidas en el proyecto es la creación de una Unidad Gestora del Proyecto, encargada de supervisar aspectos técnicos y administrativos de la obra.
Esta estructura tendrá responsabilidades específicas en planificación, seguimiento físico-financiero, gestión de riesgos, coordinación de expropiaciones y supervisión de contratos.
Ramírez explicó que la medida responde a una realidad recurrente en el país: los grandes proyectos de infraestructura requieren equipos técnicos robustos para evitar atrasos, cambios contractuales o sobrecostos.
Transparencia pública en las contrataciones
El dictamen también incorpora mecanismos de transparencia que obligarán al organismo ejecutor a publicar información clave sobre el proyecto.
Entre los datos que deberán estar disponibles en un portal público se incluyen los procedimientos de contratación, los carteles de licitación, el estado de las ofertas, los criterios de evaluación y los contratos adjudicados.
“Esto garantiza trazabilidad, acceso a la información y control ciudadano sobre la ejecución del proyecto”, explicó la diputada.
Plan para enfrentar uno de los mayores riesgos
La comisión legislativa también abordó uno de los principales problemas que históricamente han afectado la ejecución de obras públicas en Costa Rica: los atrasos por expropiaciones y traslado de servicios públicos.
El nuevo texto incorpora un Plan de Adquisición Predial, que deberá coordinarse con el cronograma de construcción para evitar retrasos.
Además, establece un marco de coordinación técnica con las instituciones responsables de servicios públicos, con el objetivo de agilizar procesos de relocalización de infraestructura.
Informes periódicos al Congreso
Como parte del sistema de control, el órgano ejecutor deberá presentar informes semestrales a la Comisión de Hacendarios.
Estos reportes deberán detallar el avance físico y financiero de la obra, el estado de los procesos de contratación, el progreso en las expropiaciones, la relocalización de servicios y cualquier modificación contractual relevante.
Para la diputada Ramírez, estas medidas no buscan frenar el proyecto, sino fortalecerlo.
“Todas estas modificaciones no pretenden detener el proyecto, todo lo contrario. Lo que busca es fortalecer las condiciones institucionales para que esta obra se ejecute de manera eficiente, transparente y responsable”, afirmó.
La legisladora concluyó subrayando la magnitud de la inversión y la responsabilidad que implica su ejecución.
“Estamos hablando de una inversión estratégica para el país, financiada con recursos públicos, y por eso es nuestra responsabilidad asegurar que se ejecute con los más altos estándares de gestión, control y transparencia”.
