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Cuatro presidentas firman declaratoria contra la violencia política

Del crimen organizado a las elecciones de 2028: los compromisos firmados

Las presidentas de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron una declaratoria conjunta contra la violencia política. En el documento reivindican la separación de poderes y condenan la violencia política dirigida contra las mujeres. El texto fue calificado como el inicio de una nueva etapa frente a los desafíos del país.

Según la declaratoria, la violencia política, en particular la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, lesiona a las personas y debilita a las instituciones. El documento añade que este fenómeno aleja a la ciudadanía de la vida pública, lo que afecta la calidad de la democracia.

Cuatro presidentas firman declaratoria contra la violencia política

Las firmantes destacaron que, por primera vez en la historia, cuatro mujeres presiden de forma simultánea los Supremos Poderes y el TSE. Para ellas, ese hecho tiene un valor simbólico y práctico en el debate sobre la participación política femenina.

La coincidencia ocurre 77 años después de que la Constitución de 1949 reconociera a las mujeres el derecho al sufragio, que se ejerció por primera vez en 1950. El documento sitúa el momento actual como una continuación de esa conquista democrática.

Independencia institucional y libertad de prensa

En el texto, las jerarcas reivindicaron la independencia institucional, la libertad de prensa y de expresión, y el respeto al Estado de Derecho. Con ello enmarcan la violencia política como un problema que trasciende a las mujeres y toca el funcionamiento de las instituciones.

La declaratoria también plantea reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas. El compromiso busca cubrir a periodistas, denunciantes y funcionarios expuestos a represalias.

En materia de seguridad, las presidentas se comprometieron a impulsar una respuesta del Estado frente al delito que sea oportuna, eficaz y basada en evidencia. Esa respuesta abarca desde la prevención de la violencia hasta la investigación, la persecución penal y la atención de las víctimas.

Para lograrlo, promoverán leyes, políticas y servicios articulados entre las instituciones, conforme a sus respectivas competencias. El texto subraya que cada Poder actuará dentro de su ámbito, sin alterar el equilibrio constitucional.

Las firmantes acordaron además promover un espacio periódico de interlocución y trabajo coordinado entre las presidencias. Tendrá carácter consultivo y de cooperación, es decir, sus conclusiones no serán vinculantes.

Cada institución valorará esas conclusiones según sus competencias y los procedimientos que establecen la Constitución y la ley. Los resultados se informarán a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de rendición de cuentas.

La declaratoria también compromete a las firmantes a observar las reglas del marco jurídico relacionadas con el proceso electoral municipal de 2028. El objetivo declarado es que Costa Rica siga siendo reconocida, nacional e internacionalmente, como una democracia plena.

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