Con 51 votos Asamblea aprueba en primer debate Póliza para policías: ¿Qué límites tiene?
La póliza tendrá topes de hasta ¢23 millones, pero excluye casos de alcohol, drogas, tortura y delitos sexuales.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, con el voto de 51 diputados, el expediente 25.311, que autoriza al Estado a contratar una póliza para policías que cubra la responsabilidad civil y los gastos de defensa legal de los oficiales acusados por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones.
¿Qué cubrirá la póliza para policías aprobada en primer debate?
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2025 y se votaría de forma definitiva este jueves, en segundo debate. De concretarse, los cuerpos policiales del país contarían con un respaldo económico estatal cuando enfrenten procesos judiciales derivados de su trabajo.
La reforma adiciona un inciso k al artículo 79 de la Ley General de Policía. Este establece la “suscripción por parte del Estado de una póliza que cubra tanto la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, como los gastos de representación legal en esas instancias”.
La cobertura aplicará cuando los oficiales “resulten imputados o demandados como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales propiamente dichas, además de sus funciones conexas y preparatorias”, según el texto del proyecto de ley.
Límites, montos y exclusiones del seguro
El alcance está delimitado. “Solo estarán comprendidas en el concepto anterior las acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente al administrado o sus bienes”, detalla el inciso aprobado por los legisladores.
En cuanto a los montos, la póliza tendrá un tope de hasta 50 salarios base para la responsabilidad patrimonial. Con un salario base de ¢462.200, el límite asciende a poco más de ¢23,1 millones por este concepto.
Para la defensa legal, el texto indica que la póliza “contemplará una cobertura de hasta veinticinco salarios base para los gastos de representación legal”, es decir, cerca de ¢11,5 millones. Además, establece que “la aseguradora establecerá un límite único combinado y un límite agregado anual”.
El proyecto también define situaciones en las que los oficiales no tendrán acceso al beneficio. “Se excluirán de la protección de la póliza aquellos casos en los que el funcionario policial haya actuado bajo los efectos del alcohol o una droga ilícita, o se haya apartado de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales”, señala la propuesta.
La exclusión se extiende a conductas “evidentemente contrarias al ordenamiento jurídico”, así como a actos relacionados con “delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada”.
Cada caso será revisado antes de determinar si el “reclamo se encuentra amparado por la póliza y en el plazo establecido en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros”. El deducible y los demás parámetros se fijarán conforme a criterios actuariales.
Durante la discusión, diputados de todas las fracciones calificaron la iniciativa como fundamental, al considerar que brindará protección a los oficiales ante eventualidades surgidas en el cumplimiento de sus labores.
Tras la votación en segundo debate, el proyecto deberá ser sancionado por el Poder Ejecutivo y publicado en el diario oficial La Gaceta para entrar en vigencia.
