¿Choque histórico entre la regla fiscal y la educación? La reforma que podría blindar el 8% constitucional
¿Está la educación pública limitada por una norma que contradice la Constitución? Esa es la pregunta que vuelve al centro del debate legislativo tras la presentación de un proyecto que propone excluir la inversión educativa de la aplicación de la regla fiscal. La iniciativa promete abrir una discusión de fondo sobre derechos fundamentales, disciplina financiera y prioridades nacionales.
El pasado 19 de febrero, en la Asamblea Legislativa, ingresó a la corriente legislativa el proyecto denominado “Ley para excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal”. La propuesta, impulsada por la Comisión Especial de Educación, busca garantizar el cumplimiento pleno del artículo 78 de la Constitución Política, que obliga al Estado a destinar un mínimo del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública.
El eje del debate gira en torno a la tensión entre el mandato constitucional y la regla fiscal establecida en la Ley 9635, normativa que impone límites al crecimiento del gasto público como parte de la estrategia de sostenibilidad financiera del Estado. Según los proponentes, la aplicación de esta regla ha generado restricciones que afectan la cobertura, la calidad educativa, la infraestructura, los programas de equidad y la ejecución presupuestaria del sector.
La iniciativa responde, además, a reiterados señalamientos de la Sala Constitucional, que ha establecido que el financiamiento educativo constituye un “fondo atado por designio constitucional”. Bajo ese criterio, dicho financiamiento no podría ser limitado ni condicionado por normas de rango legal ordinario, como la regla fiscal.
El diputado Valverde Méndez, presidente de la Comisión Especial de Educación y proponente del proyecto, defendió la reforma como un paso necesario para corregir lo que considera una contradicción jurídica. “La Constitución es clara: la educación pública tiene un financiamiento mínimo garantizado. No puede estar subordinada a techos de crecimiento que impiden cumplir ese mandato. Esta reforma restituye el orden constitucional y protege el futuro de miles de estudiantes”, afirmó.
El legislador insistió en que la exclusión no implica desconocer la importancia de la disciplina fiscal. “La educación no es un gasto prescindible; es la inversión más estratégica que tiene Costa Rica para reducir desigualdades, fortalecer la democracia y promover el desarrollo humano. La sostenibilidad fiscal debe convivir con la protección de los derechos, no atropellarlos”, agregó Valverde Méndez.
¿Qué cambiaría la reforma?
Declaración del Diputado de Liberación Nacional Geison Valverde Méndez
El proyecto propone modificar el inciso m) del artículo 6 de la Ley 9635 para excluir de manera expresa todos los niveles, programas e instituciones de educación pública de la aplicación de la regla fiscal. Esto abarcaría no solo el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, sino también infraestructura, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los colegios universitarios y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Un punto clave es que la propuesta establece que los recursos excluidos no podrán ser redirigidos a otros rubros sujetos a la regla fiscal, lo que busca evitar interpretaciones que desvirtúen el espíritu de la reforma. Con ello, los impulsores pretenden brindar seguridad jurídica y fortalecer la planificación educativa a mediano y largo plazo.
Impacto en el 8% del PIB
El artículo 78 de la Constitución Política fija como meta mínima la inversión del 8% del PIB en educación pública. No obstante, distintos sectores han advertido que las restricciones impuestas por la regla fiscal han dificultado alcanzar o sostener ese porcentaje en términos reales, especialmente en contextos de desaceleración económica o ajustes presupuestarios.
Para los defensores del proyecto, excluir la educación de la regla fiscal no solo permitiría cumplir el mandato constitucional, sino también recuperar margen para ampliar cobertura, modernizar infraestructura y reforzar programas de permanencia estudiantil, en momentos en que el sistema enfrenta desafíos derivados de brechas tecnológicas, rezago académico y desigualdad social.
La iniciativa ahora deberá atravesar el proceso legislativo ordinario: discusión en comisión, eventuales mociones, dictamen y votación en el plenario. El debate promete ser intenso. Por un lado, sectores educativos celebran la propuesta como una defensa del derecho fundamental a la educación. Por otro, especialistas en finanzas públicas podrían advertir sobre el impacto que una exclusión amplia tendría en la arquitectura fiscal del país.
Más allá de la controversia, el proyecto coloca sobre la mesa una discusión estructural: ¿cómo equilibrar la sostenibilidad de las finanzas públicas con el cumplimiento de derechos sociales consagrados en la Constitución? La respuesta, que ahora queda en manos del Congreso, definirá no solo el alcance de la regla fiscal, sino también el modelo de desarrollo que Costa Rica aspira a consolidar en los próximos años.
