Cadena de gimnasios ocultaba millonaria estructura de lavado
En un operativo de gran escala ejecutado desde las primeras horas de la madrugada, una cadena de gimnasios que ocultaba millonaria estructura fueron decomisados por la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervino una reconocida cadena de gimnasios en el país.
Las autoridades judiciales sospechan que estos establecimientos comerciales operaban como una aparente estructura comercial destinada a legitimar millonarias sumas de dinero de procedencia ilícita.
Cadena de gimnasios ocultaba millonaria estructura de lavado
Los agentes del OIJ ingresaron de forma simultánea a diversos locales comerciales situados en ubicaciones estratégicas del territorio nacional. Durante las inspecciones, las fuerzas policiales ubicaron decenas de máquinas de ejercicio de alta gama, oficinas de administración y abundante documentación contable que resulta de vital trascendencia para el desarrollo de la investigación penal que se encuentra en curso.
El director a.i. del OIJ, Michael Soto, ofreció declaraciones oficiales sobre el desarrollo de las intervenciones y la magnitud del caso. El jerarca detalló las acciones de la entidad: “Esta estructura tenía una cadena de gimnasios, la cual estamos allanando en este momento y pretendemos decomisar cerca de 400 máquinas que se utilizan en este tipo de actividades”.
Uno de los puntos clave intervenidos por los oficiales judiciales se ubica en el sector de San Francisco de Heredia. Dichas instalaciones comerciales poseen una gran extensión territorial, lugar donde en años pasados operaban dos conocidas canchas de fútbol de alquiler, espacio físico que luego fue completamente transformado en el centro deportivo bajo investigación de las autoridades.
Las imágenes difundidas oficialmente por el OIJ evidenciaron la presencia de los investigadores dentro de los locales comerciales completamente vacíos. La situación causó sorpresa entre los usuarios regulares del establecimiento, dado que este tipo de centros de acondicionamiento físico suelen iniciar sus operaciones habituales de entrenamiento deportivo desde horas muy tempranas de la mañana de forma regular.
La investigación de los agentes judiciales no se limitó únicamente al sector deportivo, sino que se extendió a otras actividades mercantiles. De acuerdo con los informes policiales, la supuesta red económica también abarcaba operaciones comerciales en una empresa dedicada al reciclaje, una fábrica de embutidos y otros negocios independientes vinculados de forma directa con la organización delictiva.
Las acciones operativas comenzaron formalmente a las 4:00 a.m. y contemplaron la ejecución de 17 allanamientos simultáneos en el país. Las intervenciones de la policía judicial se concentraron específicamente en los cantones y localidades de Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón, movilizando un importante contingente de agentes especializados para asegurar los perímetros de los locales.
Hasta el momento, el reporte oficial emitido por el OIJ confirma la detención de seis hombres y dos mujeres vinculados al caso. Entre las personas capturadas destaca el presunto líder de la organización criminal, un sujeto de apellido Alfaro, de 47 años de edad, quien quedó inmediatamente a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso.
Además de las detenciones humanas, los investigadores judiciales lograron el decomiso de 10 vehículos de lujo de marcas exclusivas. Las autoridades también incautaron dinero en efectivo de diversas denominaciones, un arma de fuego de alto calibre tipo AR-15 y procedieron de forma paralela con el trámite legal para la anotación de 29 propiedades de alto valor económico.
La hipótesis fundamental que manejan los investigadores judiciales apunta a un esquema diversificado de legitimación de capitales dentro del país. La organización utilizaba presuntamente la compra y venta de bienes raíces, automóviles de lujo y comercios activos para introducir fondos de origen delictivo dentro del sistema financiero costarricense sin levantar sospechas ante las entidades reguladoras.
Los analistas criminales continúan procesando la evidencia digital y los documentos financieros incautados para determinar el alcance exacto de las transacciones efectuadas. El caso permanece bajo una minuciosa investigación por parte de las autoridades competentes del Poder Judicial, y los voceros policiales indicaron que no se descartan nuevas diligencias operativas en las próximas horas.
