Antonio Trejos impulsa polémica ley para expulsar diputados cuestionados
La discusión sobre los mecanismos de control y fiscalización de los diputados volvió a la agenda legislativa luego de que el congresista Antonio Trejos del Frente Amplio retomara un proyecto de ley que busca permitir la remoción de legisladores que incurran en faltas graves al deber de probidad durante el ejercicio de sus cargos.
La iniciativa fue presentada originalmente por la exdiputada independiente Katia Cambronero al final de la legislatura anterior. Sin embargo, debido al cambio de composición en la Asamblea Legislativa, el expediente requería ser acogido nuevamente por un legislador en funciones para mantener su vigencia y continuar su trámite parlamentario.
Antonio Trejos impulsa polémica ley para expulsar diputados cuestionados
El proyecto pretende establecer mecanismos específicos para sancionar conductas que, según sus impulsores, afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas y actualmente no cuentan con consecuencias claras dentro del marco legislativo.
De acuerdo con Trejos, la propuesta busca fortalecer los principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El legislador explicó que la iniciativa pretende abrir una discusión sobre la necesidad de contar con herramientas más efectivas para enfrentar posibles irregularidades dentro del Congreso.
“Esta semana puse a despacho un proyecto de ley que ya había sido presentado por la exdiputada Katia Cambronero a finales de la legislatura anterior”, afirmó el diputado al referirse al proceso que permitió mantener vivo el expediente legislativo.
Trejos explicó que el procedimiento responde a una práctica habitual cuando concluye un periodo legislativo y se produce la renovación de diputados. Según indicó, es necesario que un legislador en ejercicio respalde nuevamente la iniciativa para que pueda seguir avanzando.
“Un diputado, cualquier diputado puede presentar un proyecto de ley, pero al haber un cambio en la Asamblea Legislativa es necesario que otros, los nuevos legisladores, apadrinen el tema, lo pongan a despacho para que el proyecto de ley siga vigente y pueda avanzar y discutirse para eventualmente aprobarse”, señaló.
La propuesta gira alrededor del deber de probidad, principio que obliga a los funcionarios públicos a actuar con honestidad, integridad, rectitud y lealtad hacia el interés público. Este deber está contemplado en distintas normativas que regulan el desempeño de quienes ejercen cargos públicos en Costa Rica.
Según el legislador, actualmente existe un vacío en cuanto a las consecuencias que enfrentan los diputados cuando se determina que incurrieron en conductas contrarias a ese principio. Por esa razón, considera necesario desarrollar mecanismos específicos para atender esos casos.
“Este proyecto de ley que fue presentado por una diputada independiente, que ahora yo como diputado del Frente Amplio quiero poner en discusión, busca cerrar un portillo de impunidad que existe para los diputados cuando cometen faltas al deber de probidad”, manifestó.
Entre las conductas que podrían ser objeto de sanción se encuentran el tráfico de influencias, la aceptación de dádivas, el incumplimiento de deberes y otras prácticas consideradas incompatibles con la función pública.
“Entonces lo que se busca es castigar acciones como el tráfico de influencias, la aceptación de dádivas, incumplimiento de deberes y otra serie de malas prácticas que pueden cometer los diputados y las diputadas pero que actualmente no tienen castigo, quedan impunes”, expresó.
Trejos también destacó que el proyecto puede ser objeto de modificaciones durante su discusión en las diferentes etapas legislativas. A su criterio, la iniciativa constituye un punto de partida para fortalecer la rendición de cuentas dentro del sistema político.
“Es un buen proyecto, se puede mejorar, van a haber reformas que le daremos en el camino, pero es un buen punto de partida para asentar las responsabilidades que se necesita tener en el país”, aseguró.
La eventual discusión de la propuesta dependerá del avance que logre dentro de la corriente legislativa. Actualmente, el Poder Ejecutivo mantiene el control de la agenda parlamentaria durante las sesiones extraordinarias, lo que influye directamente en los proyectos que son convocados para discusión.
La iniciativa reabre un debate de fondo sobre la responsabilidad de los representantes populares y los mecanismos disponibles para garantizar que quienes ocupan cargos públicos respondan por acciones que puedan comprometer la ética y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
