(Video)Tras 25 años, Rodríguez ofrece renunciar a las costas, pero exige el fin del proceso judicial
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría presentó el viernes 18 de septiembre una propuesta formal y pública a las entidades estatales que mantienen apelaciones contra la sentencia que lo absolvió por unanimidad en el caso INS-Reaseguros. Renunciará a las costas judiciales a las que tiene derecho si esas instituciones desisten de continuar el proceso.
Qué propone Rodríguez en el caso INS-Reaseguros
Rodríguez, de 86 años, afirma que su propósito es cerrar un capítulo judicial que ya suma 25 años. Según explicó, busca obtener paz personal y evitar que el Estado costarricense siga destinando recursos humanos y económicos a una causa en la que, de acuerdo con la sentencia absolutoria de mayo de 2026, no existen hechos probados en su contra.
Al explicar su postura, el exmandatario fue enfático sobre el dinero que podría reclamar: “No me interesa ese dinero: solo quiero tener paz, que acabe esta persecución y que el Estado deje de gastar recursos”, declaró. Con esa frase, Rodríguez apuntó al gasto de recursos públicos como uno de los ejes de su propuesta.
La propuesta plantea un intercambio: el expresidente renunciaría a cobrar las costas a las que tiene derecho y, a cambio, las instituciones desistirían de sus apelaciones. Las costas judiciales son, en términos generales, los gastos del proceso que una sentencia impone a la parte vencida, y la sentencia de mayo las dispuso a favor del exmandatario.
Un litigio que comenzó en 2001
El caso INS-Reaseguros, vinculado al Instituto Nacional de Seguros (INS), se inició en 2001 y ha atravesado múltiples etapas procesales desde entonces. En mayo de 2026 llegó la sentencia absolutoria por unanimidad, pero el expediente no se cerró y el proceso ya suma 25 años de tramitación.
Tras el fallo, que además dispuso el pago de costas por la “temeridad de las acusaciones”, se presentaron cuatro nuevas apelaciones que mantienen activo el proceso. Las entidades que sostienen esos recursos son las destinatarias de la propuesta de Rodríguez, quien recuerda que el fallo no halló hechos probados en su contra.
Rodríguez recordó que, en el pasado, la Sala Constitucional ya había determinado que se vulneró su derecho a una justicia pronta y cumplida debido a la excesiva duración de los procesos en su contra. Esa garantía está reconocida en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica.
Asimismo, rememoró su absolución en el caso ICE-Alcatel, un proceso que se prolongó por 13 años y en el que fue declarado inocente mediante sentencias unánimes. Se trata de otro litigio de larga duración que concluyó sin condena en su contra.
El exmandatario también vinculó su planteamiento con la defensa de su nombre y aseguró que su motivación nunca ha sido económica. “Volví a mi país a dar la cara ante los tribunales para defender mi nombre. No lo hice para buscar dinero, ni entonces, ni ahora”, subrayó.
Sobre la continuidad del proceso, Rodríguez expresó su desacuerdo: “Después de 25 años de estar en la pena de banquillo, no es justo que se quiera continuar con este proceso cuando los jueces han sido contundentes al señalar que no hay un solo hecho probado en mi contra”, sentenció.
En términos procesales, el desistimiento consiste en que quien presentó un recurso decide retirarlo voluntariamente. Si las instituciones optaran por ese camino, sus apelaciones dejarían de estar en trámite y Rodríguez cumpliría con su ofrecimiento de renunciar a las costas.
La propuesta queda ahora en manos de las instituciones apelantes, que deberán decidir si aceptan el ofrecimiento: la renuncia a las costas a cambio de poner fin definitivamente al litigio. De concretarse el desistimiento, se evitaría prolongar la exposición judicial del exmandatario y el gasto público asociado al caso.
