Sigrid Segura críticó a Laura Fernández: «El decreto del secreto de Estado es una copia de un decreto de Bukele»
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, cuestionó la gestión de transparencia del Gobierno de Laura Fernández, al asegurar que el reciente decreto de secreto de Estado guarda similitudes con un mecanismo aplicado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Según la legisladora, la administración avanza hacia un modelo con menos acceso a la información pública.
La parlamentaria señaló que, además del decreto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) impuso a sus funcionarios un acuerdo de confidencialidad sobre la información conocida en el ejercicio de sus funciones. «Ahora tampoco vamos a saber qué pasa con economía, industria y comercio», afirmó Segura.
Sigrid Segura críticó a Laura Fernández: «El decreto del secreto de Estado es una copia de un decreto de Bukele»
Para la diputada, estas medidas se suman a un patrón que calificó como un «gobierno de puertas cerradas». Sostuvo que mientras el Ejecutivo exige rendición de cuentas a universidades públicas, al Poder Judicial y a la ciudadanía en general, desde adentro restringe cada vez más el flujo de información.
Segura recordó que la Sala Constitucional debió ordenar al Gobierno reglamentar la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, tras el incumplimiento del plazo legal establecido. Según explicó, ese plazo ya venció nuevamente y la norma continúa sin ser reglamentada.
La legisladora cuestionó además que, en algunos casos, la ciudadanía deba recurrir a instancias judiciales para obtener respuestas oficiales. «¿Se imaginan lo absurdo que es que en una democracia haya que presentar un recurso de amparo para que el gobierno responda una pregunta?», planteó, en referencia a lo que denominó «gobierno jaguar».
Evaluación de la OCDE sobre transparencia
Segura citó una evaluación reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubicó a Costa Rica en un cumplimiento del 56% en criterios normativos y 46% en criterios prácticos de acceso a la información pública. «Si esto fuera un examen que se pasa con un 100, apenas estaríamos cumpliendo con un 40», comparó la diputada.
La legisladora también hizo referencia a la Comisión Nacional para un Estado Abierto, entidad responsable, según la OCDE, del seguimiento de la política de datos abiertos. De acuerdo con Segura, dicha comisión permanece inactiva desde hace aproximadamente cinco años.
La diputada insistió en que la falta de datos limita la capacidad de fiscalización ciudadana. «Sin datos no sabemos si la política funciona, sin datos no sabemos cuánto cuesta, sin datos no podemos comparar, sin datos no podemos corregir», expresó durante su intervención.
Según su análisis, esa falta de evidencia estaría vinculada a problemas estructurales del país, como el desempleo juvenil, el estado de la infraestructura vial y la ausencia de rumbo en política educativa. «Costa Rica no puede gobernarse a puro aire», afirmó.
La parlamentaria cerró su intervención señalando que «el problema es que estamos dejando de tener una democracia basada en evidencia a tener un gobierno basado en confianza obligatoria». Añadió que «en democracia, la ciudadanía no está obligada a creerle al gobierno. El gobierno está obligado a rendir cuentas y la ciudadanía tiene derecho a comprobarlo».
