Jorge Araya acusa a Rodrigo Chaves: «¿A favor de quién está, del crimen organizado o los costarricenses?»
El magistrado de la Sala Constitucional cuestionó públicamente al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el recorte que su cartera pretende aplicar al presupuesto del Poder Judicial en 2026. La pregunta directa generó un intenso debate dentro de la Corte Plena.
El magistrado Jorge Araya fue enfático al plantear su cuestionamiento durante la sesión de este lunes. El recorte al Poder Judicial, impulsado por Hacienda, pretende rebajar ₡23.722 millones del presupuesto institucional para este año.
Jorge Araya acusa a Rodrigo Chaves: «¿A favor de quién está, del crimen organizado o los costarricenses?»
«Le tengo dos preguntas públicas al ministro Chaves. ¿A favor de quién está? ¿Del crimen organizado y el narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?», cuestionó Araya ante el pleno de magistrados.
El jerarca también preguntó directamente si Chaves respalda disminuir la mora judicial o, por el contrario, contribuir a que esta aumente. La intervención se dio en medio de la revisión del impacto que tendría la medida en la lucha contra la criminalidad.
El OIJ, la entidad más afectada por el ajuste presupuestario
Según detalló el Poder Judicial la semana anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiría el golpe más fuerte, con una reducción de ₡9.536 millones. Esto ocurre mientras la entidad mantiene activas investigaciones contra estructuras de crimen organizado.
La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial confirmó además un dato clave: de los ₡23.722 millones solicitados por Hacienda, ₡17.258 millones no cuentan con contenido presupuestario real. Es decir, el 73% del ajuste pretendido corresponde a recursos ya comprometidos o inexistentes.
La directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, explicó que el análisis de Hacienda arrastra un rezago de dos meses, lo que provoca que no refleje la situación presupuestaria actual de la institución.
Romero advirtió también que, aunque el Congreso rechace la solicitud, el funcionamiento del Poder Judicial se vería «severamente» comprometido. Esto debido a que, mientras se tramita el presupuesto extraordinario, la institución no podrá ejecutar las partidas en discusión.
Para los magistrados, este escenario podría representar una estrategia para forzar una subejecución presupuestaria y luego utilizar ese argumento en el discurso oficial del Poder Ejecutivo.
El magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro, fue igual de directo en sus declaraciones ante el pleno. «Deben estar frotándose las manos las organizaciones criminales al ver que estamos en estos niveles discutiendo rebajas de recursos esenciales para investigación y persecución», afirmó.
Alfaro añadió una interrogante sobre las consecuencias prácticas de la medida: «¿Cuánto estarán los criminales proyectando que podrán hacer más fiesta de la que han podido hacer en este país?», cuestionó el magistrado.
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, también se pronunció sobre el tema, vinculándolo con operativos recientes del OIJ, entre ellos la captura de Alejandro Arias, alias «Diablo».
«Qué curioso, conforme más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial en asocio con el Ministerio Público y la judicatura en el combate a la criminalidad, más se le golpea», expresó Solano durante la sesión.
Araya propuso además convocar de inmediato a las jefaturas legislativas del bloque considerado afín a la institucionalidad, con el fin de exponerles el impacto que tendría el recorte sobre las investigaciones penales y las víctimas de procesos judiciales.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, informó al pleno que ya sostuvo conversaciones con diputados sobre el tema y que buscará coordinar un nuevo encuentro con los legisladores en los próximos días.
La discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial continuará en el Congreso, donde deberá resolverse la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda.
