“¿Secreto de Estado?”: Diputados llevan decreto de Fernández a Sala IV
La acción de inconstitucionalidad contra decreto de Laura Fernández fue presentada ante la Sala Constitucional por el Bloque Democrático, integrado por las bancadas del PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC. El recurso cuestiona el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, relacionado con la reserva de información sobre seguridad nacional.
Según el comunicado divulgado este 19 de agosto, los legisladores consideran que el decreto establece un alcance demasiado amplio para declarar información como secreto de Estado. La preocupación se concentra en datos relacionados con presupuestos, compras públicas y contrataciones vinculadas con organismos de seguridad.
Acción de inconstitucionalidad contra decreto de Laura Fernández cuestiona secreto de Estado
El Bloque Democrático sostiene que la protección de la seguridad nacional es necesaria, pero afirma que esta no debería impedir la fiscalización de los recursos públicos ni limitar el acceso ciudadano a información de interés público.
La agrupación parlamentaria señala que el decreto involucra al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.
Diputados cuestionan alcance de la reserva
El recurso presentado ante la Sala Constitucional plantea que la normativa podría generar una limitación generalizada al acceso a información que, según los diputados, debería permanecer sujeta a mecanismos ordinarios de control y fiscalización.
El Bloque Democrático argumenta que existen asuntos de seguridad que pueden requerir reserva, pero considera que esas restricciones deben aplicarse de manera excepcional, proporcional y con fundamento legal.
“Una declaratoria general e indiscriminada de secreto sobre información de esta naturaleza desborda el carácter excepcional que constitucionalmente puede atribuirse al secreto de Estado y convierte una limitación extraordinaria en una regla general de opacidad”, señala la acción de inconstitucionalidad citada por el grupo parlamentario.
Entre los argumentos constitucionales planteados figura una presunta afectación al artículo 27 de la Constitución Política, relacionado con el derecho de petición ante funcionarios y entidades públicas.
El documento también cita el artículo 30 constitucional, que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con fines de información sobre asuntos de interés público, aunque establece una excepción para los secretos de Estado.
Para el Bloque Democrático, extender esa excepción a contrataciones, licitaciones, presupuestos y otras decisiones administrativas podría limitar las posibilidades de fiscalización por parte de la ciudadanía y de la Asamblea Legislativa.
La agrupación sostiene que el acceso a la información pública constituye la regla y que el secreto de Estado debe utilizarse únicamente cuando exista una justificación suficiente relacionada con la protección de intereses nacionales.
“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”, establece el artículo 30 de la Constitución Política, citado en el recurso.
Además de solicitar que se declare la inconstitucionalidad del decreto, los legisladores pidieron a la Sala Constitucional suspender de manera inmediata sus efectos mientras se resuelve el fondo de la acción.
El planteamiento deberá ser analizado por los magistrados constitucionales, quienes determinarán si las disposiciones cuestionadas se ajustan a los principios establecidos en la Constitución Política.
El Bloque Democrático afirma que su recurso busca preservar los mecanismos de rendición de cuentas sobre los fondos públicos y evitar que la categoría de seguridad nacional sea utilizada para restringir de manera amplia el acceso a información estatal.
La acción fue presentada en momentos en que el debate sobre seguridad, inteligencia, contratación pública y controles institucionales ocupa un lugar relevante en la discusión política nacional.
