Orlando Aguirre advierte: financiamiento judicial “no es negociable”
El Poder Judicial abrió la puerta a participar en un eventual diálogo entre los poderes de la República, pero su presidente, Orlando Aguirre Gómez, dejó claro que existen asuntos que no pueden convertirse en materia de negociación institucional, entre ellos el financiamiento constitucional de la administración de justicia.
La posición fue comunicada por Aguirre en una carta fechada el 5 de agosto y dirigida a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, organización que planteó facilitar una conversación sobre las condiciones que enfrenta actualmente la administración de justicia.
Orlando Aguirre advierte: financiamiento judicial “no es negociable”
El presidente de la Corte señaló que existe disposición para valorar la iniciativa, siempre que esta llegue a concretarse y que el Poder Judicial conozca previamente sus términos generales. La eventual participación, por tanto, quedaría sujeta a una serie de criterios planteados por la institución.
Entre las principales condiciones figura el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Constitución y las leyes en materia de financiamiento judicial. Aguirre sostuvo que ese mandato debe cumplirse y no puede ser tratado como una concesión entre instituciones.
“La conversación puede contribuir a determinar la manera de asegurar ese cumplimiento, pero aquello que el ordenamiento manda no constituye materia negociable ni concesión entre instituciones; es un deber jurídico cuyo acatamiento sostiene el funcionamiento del Estado”.
Aguirre rechaza hablar de un “pulso” entre poderes
Otro de los planteamientos expuestos por el presidente de la Corte se relaciona con la manera en que se ha descrito la relación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Aguirre consideró improcedente presentar el eventual encuentro como una disputa entre instituciones. Según explicó, cada poder de la República tiene competencias y responsabilidades distintas dentro del funcionamiento del Estado.
“Por eso, describir la relación entre poderes como un pulso establece una equivalencia improcedente y desplaza la discusión desde el terreno de las reglas hacia el de los intereses y las voluntades, propio de la esfera política”.
El presidente de la Corte agregó que el Poder Judicial acudiría a una eventual mesa de conversación en su condición de poder de la República, encargado de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme al marco jurídico vigente.
La administración de justicia, de acuerdo con el planteamiento de Aguirre, requiere condiciones materiales que permitan mantener sus funciones esenciales. Entre ellas mencionó la persecución del delito, la protección de quienes buscan amparo y la continuidad del servicio judicial en todo el territorio nacional.
El jerarca también estableció que cualquier espacio de diálogo debería permitir una constancia clara y verificable de las posiciones expresadas por los participantes y de los argumentos utilizados para respaldarlas.
La medida busca que la ciudadanía pueda conocer las diferentes posiciones planteadas durante una eventual conversación entre instituciones y valorar las razones expuestas por cada uno de los participantes.
Además, Aguirre señaló que el diálogo debe desarrollarse bajo parámetros de imparcialidad, equilibrio y confianza, con una disposición efectiva para escuchar y comprender las distintas perspectivas.
La propuesta del Colegio de Abogados y Abogadas plantea así un eventual escenario de conversación institucional, mientras el Poder Judicial mantiene como condición que sus obligaciones constitucionales y legales sean respetadas y que cualquier discusión sobre la administración de justicia se desarrolle bajo reglas previamente conocidas.
