«No puedo opinar»: Patricia Solano explica por qué evita hablar del fallo de la Sala IV y querella
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, declinó referirse a la resolución de la Sala Constitucional que restituyó a magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025. Durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, explicó que no podía emitir criterio debido a que existe una querella penal relacionada con el caso y podría corresponderle conocer el expediente.
La comparecencia de Patricia Solano se desarrolló este lunes por la noche en el Congreso, donde fue convocada por la Comisión de Nombramientos en el marco del proceso de elección de magistrados que la Asamblea Legislativa deberá realizar durante este año. Uno de los principales temas abordados fue la reciente resolución de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes.
«No puedo opinar»: Patricia Solano explica por qué evita hablar del fallo de la Sala IV
El diputado Gerald Bogantes, de la fracción Pueblo Soberano y secretario del Directorio Legislativo, consultó a la presidenta de la Sala Tercera cuál era su valoración sobre el fallo constitucional que restituyó en sus cargos a magistrados suplentes cuyo nombramiento había vencido en diciembre de 2025.
La magistrada respondió que no podía pronunciarse sobre ese asunto debido a las implicaciones procesales que podrían surgir tras la presentación de una querella penal contra cuatro integrantes de la Sala Constitucional. Según indicó, cualquier manifestación pública podría comprometer una eventual participación en el conocimiento del expediente.
“No puedo emitir ninguna opinión ya que entiendo que presentaron una acusación penal y me correspondería verla”, respondió Solano ante los legisladores.
Elección de magistrados fue otro de los ejes de la audiencia
Tras esa respuesta, el tema no volvió a ser discutido durante la sesión. Posteriormente, el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio, realizó una consulta relacionada con el delito de prevaricato; sin embargo, la magistrada reiteró que mantendría la misma posición y evitó referirse al asunto.
La querella mencionada fue presentada por representantes del oficialismo junto con la presidenta de la República, Laura Fernández, contra los magistrados Fernando Cruz, Ingrid Hess, Paul Rueda y Jorge Araya. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, el expediente deberá ser conocido por la Corte Plena conforme al procedimiento correspondiente.
En otro momento de la comparecencia, Solano fue consultada sobre el proceso de elección y reelección de magistrados propietarios. La presidenta de la Sala Tercera enfatizó que esa competencia corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política.
La magistrada también expuso algunas consideraciones personales respecto al sistema de nombramientos. Señaló que, desde su perspectiva, podría valorarse establecer un límite de uno o dos períodos para ejercer el cargo de magistrado propietario, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica mediante una jurisprudencia consolidada.
“Sí creo que debería tener un límite, uno o dos períodos. En este momento no se fija un tope y creo que el magistrado debe tener un período suficiente para que la jurisprudencia genere una seguridad jurídica”, manifestó.
Además, indicó que considera conveniente que quienes aspiren a integrar la Corte Suprema de Justicia tengan al menos 50 años de edad al momento de su elección. Según explicó, ese criterio responde a una valoración personal sobre la experiencia necesaria para asumir una función de esa naturaleza.
Durante la audiencia también surgieron consultas sobre la administración presupuestaria del Poder Judicial. Las diputadas Yara Jiménez y Marta Esquivel preguntaron si quienes aspiren a ocupar una magistratura deberían acreditar conocimientos en esa materia, tomando en cuenta las responsabilidades administrativas que también implica el cargo.
Solano respondió que los concursos se rigen por los requisitos establecidos en la legislación vigente y que el conocimiento presupuestario figura como un aspecto deseable, aunque no obligatorio. No obstante, reconoció que, desde su punto de vista, contar con esa preparación representa un elemento importante para el ejercicio de la función jurisdiccional.
La Comisión de Nombramientos continúa con las audiencias a magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso previo a la designación de la persona que ocupará la vacante dejada por la magistrada Sandra Zúñiga, quien se acogió a su jubilación, correspondiendo a la Asamblea Legislativa realizar el respectivo nombramiento para la Sala Tercera.
