Fiscalía sorprende con su petición contra alias “Diablo”: 3 meses de prisión preventiva
La prisión preventiva alias “Diablo” volvió a ser tema de discusión este lunes luego de que la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitara mantener bajo esa medida cautelar a Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, durante tres meses, mientras que para Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, pidió cinco meses. La gestión fue presentada durante una audiencia celebrada ante el Tribunal Penal de Pococí, trasladada al Primer Circuito Judicial de San José por razones de seguridad.
El Ministerio Público explicó que los tres meses solicitados para Arias Monge y los cinco meses para Pérez Méndez corresponden únicamente al tiempo restante disponible dentro del período ordinario de 18 meses de prisión preventiva contemplado en esta causa. Ambos imputados ya habían descontado parte de ese plazo durante etapas previas del proceso penal.
Prisión preventiva alias “Diablo”: Fiscalía aclara que el plazo no implica una liberación
La institución enfatizó que el vencimiento de ese período no significa que los acusados recuperarán automáticamente su libertad. En un comunicado oficial precisó: “El vencimiento de esos plazos no implica que los sospechosos recuperarán automáticamente su libertad”, al aclarar el alcance de la medida cautelar solicitada.
Además, la Fiscalía adelantó que, una vez agotados esos plazos, solicitará una extensión de la prisión preventiva ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia, órgano competente para resolver este tipo de prórrogas cuando los procesos corresponden a causas declaradas como crimen organizado.
Proceso judicial por homicidios ocurridos en Pococí
La audiencia celebrada este lunes corresponde al expediente 23-000010-601-PE, en el que Alejandro Arias Monge y Jonathan Pérez Méndez enfrentan cargos por dos homicidios, una tentativa de homicidio y el presunto delito de asociación ilícita, relacionados con hechos registrados en el cantón de Pococí durante el año 2015.
Según la Fiscalía, otras cinco personas vinculadas con este mismo caso ya fueron sometidas a juicio en procesos anteriores y recibieron sentencias condenatorias que oscilan entre los 10 y los 70 años de prisión. El Tribunal Penal de Pococí asumió la audiencia, aunque esta fue trasladada a San José debido a consideraciones de seguridad.
Antes del inicio de la audiencia de medidas cautelares, ambos imputados fueron trasladados desde el módulo de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma hasta los Tribunales de San José bajo un operativo coordinado por agentes judiciales y diferentes cuerpos policiales. Durante la diligencia también se efectuó la indagatoria correspondiente y la revisión del expediente por parte de las defensas.
El Ministerio de Justicia y Paz había recomendado que las actuaciones judiciales se realizaran de manera virtual debido al riesgo que implicaba el traslado de los imputados. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de la autoridad judicial, que optó por mantener la audiencia de forma presencial.
Por otra parte, la Fiscalía anunció que solicitará que la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) asuma el conocimiento de algunas causas penales seguidas contra ambos acusados. De prosperar esa gestión, los plazos máximos de prisión preventiva previstos para esos expedientes podrían ampliarse conforme a la legislación aplicable en materia de crimen organizado.
El Ministerio Público también aclaró que la audiencia de este lunes se limita exclusivamente a los hechos ocurridos en 2015 y que no incluye los eventos registrados durante el operativo de captura efectuado recientemente. En consecuencia, los disparos contra agentes judiciales, las lesiones sufridas por oficiales y las armas decomisadas no forman parte del expediente discutido en esta diligencia.
Tras la detención de Arias Monge, las autoridades informaron que el imputado mantiene otros procesos penales abiertos y que existen investigaciones más recientes pendientes de avance. Incluso, se indicó que el Ministerio Público podría presentar nuevas acusaciones relacionadas con presuntos delitos derivados del enfrentamiento ocurrido durante el operativo de captura, entre ellos tentativa de homicidio e infracciones a la Ley de Armas, los cuales serían tramitados en expedientes independientes.
