Villalobos sostiene que magistrados entendieron el mensaje de Laura Fernández cuando habla de infiltración del narco
El diputado oficialista José Miguel Villalobos aseguró este lunes que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia «tienen muy claro» a quiénes hacía referencia la presidenta Laura Fernández cuando afirmó que el crimen organizado y el narcotráfico se están infiltrando «hasta en los tuétanos» del Poder Judicial. La declaración reavivó la controversia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial tras el pronunciamiento emitido por la Corte Plena.
Las declaraciones del legislador surgieron pocas horas después de que la Corte Suprema rechazara públicamente las manifestaciones de la mandataria y solicitara que, en caso de contar con información sobre posibles vínculos entre funcionarios judiciales y organizaciones criminales, presente las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Villalobos sostiene que magistrados entendieron el mensaje de Laura Fernández cuando habla de infiltración del narco
Villalobos cuestionó la reacción de los magistrados y consideró que las palabras de la presidenta no representaban un señalamiento contra la totalidad del personal judicial. Según indicó, la interpretación realizada por algunos integrantes de la Corte desvirtúa el verdadero alcance de las declaraciones.
«Nadie ha dicho que son los 13.000… eso es demagogia barata, sobre todo el señor magistrado Jorge Araya, que se ha dedicado últimamente a expresar con voz grandilocuente ataques a la señora presidenta», manifestó el diputado.
El legislador agregó que conoce a numerosos funcionarios judiciales que desempeñan correctamente sus funciones y sostuvo que la expresión utilizada por la presidenta no puede entenderse como una acusación generalizada contra toda la institución.
«Cuando se dice hasta los tuétanos, no se está refiriendo a la totalidad de los señores magistrados. Creo que ustedes tienen muy claro, señores magistrados, a lo que se refiere la Presidenta de la República», afirmó Villalobos.
Corte Plena respondió a las declaraciones sobre el Poder Judicial
La controversia comenzó durante una conferencia de prensa realizada la semana anterior en Casa Presidencial, donde Laura Fernández abordó una investigación relacionada con una defensora pública detenida como sospechosa de participar en un supuesto plan para ordenar un homicidio.
En ese contexto, la mandataria expresó:
«Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico. Aquí en la oficina me dijo Orlando Aguirre y Patricia Solano que no les preocupa, porque tienen una política de compliance.»
Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de la Corte Plena, cuyos integrantes emitieron un pronunciamiento institucional en defensa del Poder Judicial y de los más de 13.800 funcionarios que integran la institución.
Durante la discusión, el magistrado Jorge Araya calificó las afirmaciones de la presidenta como irresponsables y sostuvo que cualquier señalamiento contra uno de los poderes de la República debe estar respaldado por evidencia concreta.
«En democracia uno espera que un presidente hable con fundamento, que cuando señala a un Poder de la República presente las pruebas correspondientes», expresó Araya.
El magistrado añadió que, aunque pueden existir casos individuales de irregularidades dentro de cualquier institución pública, ello no justifica realizar afirmaciones generales sin sustento.
«Presente las pruebas hoy mismo de esa temeraria afirmación (…) y honre el cargo como se debe honrar quien ejerce la Presidencia de la República», indicó.
Nuevo capítulo en la tensión entre Ejecutivo y Poder Judicial
Las declaraciones de Villalobos se producen en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuyas diferencias se han intensificado durante las últimas semanas por diversos temas institucionales.
Uno de los puntos de mayor discusión ha sido la propuesta de reducción presupuestaria presentada por el Gobierno para el Poder Judicial. La Corte Suprema expresó su desacuerdo con parte del ajuste al considerar que podría afectar el funcionamiento de dependencias como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y otros servicios esenciales para la administración de justicia.
En medio de ese escenario, el intercambio de declaraciones entre representantes del Ejecutivo y magistrados mantiene abierto el debate sobre la relación entre ambos poderes del Estado y la forma en que deben abordarse públicamente las denuncias relacionadas con el combate al crimen organizado y la protección de la institucionalidad.
