Menos robo de combustible: así protege Recope a comunidades
La estrategia se mueve con sigilo, pero los resultados ya empiezan a notarse. Mientras el robo de combustible sigue siendo una amenaza latente para la seguridad energética del país, una serie de acciones silenciosas busca cerrar los portillos al crimen organizado. En el centro de esta ofensiva está la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que ha decidido apostar por una herramienta clave: el conocimiento.
La incógnita gira en torno a cómo frenar un delito sofisticado, que combina tecnología ilegal, redes organizadas y altos riesgos ambientales. La respuesta, según la estatal, no pasa únicamente por más controles internos o vigilancia tecnológica, sino por fortalecer las capacidades de quienes enfrentan el delito en primera línea.
Menos robo de combustible: así protege Recope a comunidades
En un esfuerzo articulado para cerrar el paso al crimen organizado, la empresa brinda herramientas claves para el trabajo interinstitucional. Con el propósito de robustecer la respuesta policial ante el robo de combustible, Recope sigue capacitando a representantes de diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La más reciente sesión se realizó este viernes 27 de febrero en el Salón Príncipe de Asturias del MSP, con enfoque en el análisis de las principales técnicas y modus operandi vinculados al apoderamiento ilícito de hidrocarburos, así como en la detección del transporte ilegal de combustibles.
El objetivo es claro: preparar a las autoridades para identificar, documentar y atender estos casos con mayor solidez operativa y jurídica. Para ello, la jornada incluyó el estudio detallado de la Ley 9852 –Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas– y su reglamento, con énfasis en su correcta aplicación en campo.
La actividad fue articulada por la Dirección de Operaciones de Seguridad y la Asesoría Jurídica de Recope, en coordinación con la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lo que refuerza el carácter interinstitucional de la estrategia.
La presidenta de Recope, Karla Montero, destacó que la capacitación constante de los cuerpos policiales es un pilar en la estrategia interinstitucional para combatir este delito y proteger la infraestructura energética del país.
“La lucha contra el robo de combustible no solo requiere tecnología y controles internos, sino también una Fuerza Pública capacitada, informada y articulada con las autoridades competentes”, afirmó Montero.
Sus declaraciones subrayan un cambio de enfoque: más allá de reforzar la seguridad física del poliducto y las estaciones, la empresa apunta a blindar el conocimiento legal y técnico de los oficiales para cerrar los vacíos que suelen aprovechar las redes criminales.
Como parte de la jornada, los oficiales conocieron el llamado “museo” de Recope, donde observaron implementos decomisados en distintos operativos, entre ellos mangueras, válvulas y dispositivos utilizados para perforar el poliducto.
Estos elementos permiten dimensionar el impacto y el riesgo que estas prácticas representan. Cada perforación no solo implica pérdidas económicas millonarias para el Estado, sino también la posibilidad de derrames, explosiones y afectaciones ambientales que comprometen comunidades cercanas.
El robo de combustible no es un delito menor. Se trata de una actividad que, además de financiar estructuras criminales, expone a poblaciones enteras a peligros latentes y daña ecosistemas sensibles.
Más allá del discurso, las cifras presentadas por Recope buscan demostrar que la estrategia empieza a dar frutos concretos.
En 2025 se intervinieron 59 tomas ilegales, un 60% menos que en 2024. El volumen sustraído cayó un 41%, al pasar de 4,5 millones a 2,6 millones de litros. Además, el impacto económico se redujo en un 44%, de ₡2.197 millones a ₡1.234 millones.
Estas cifras evidencian una disminución significativa y medible del delito, en resguardo de la seguridad energética, los recursos públicos y la integridad de las comunidades.
El desafío, sin embargo, no desaparece. El robo de hidrocarburos evoluciona conforme se endurecen los controles, lo que obliga a una actualización constante de protocolos y conocimientos.
Con este tipo de iniciativas, Recope busca asesorar y acompañar de forma permanente a los cuerpos policiales en la prevención y atención de casos vinculados al robo de combustible.
La estrategia combina prevención, control y articulación interinstitucional, bajo la premisa de que la seguridad energética es un asunto de interés nacional. Cada litro recuperado o cada toma ilegal desmantelada representa no solo un ahorro económico, sino una reducción del riesgo ambiental y social.
En un contexto regional donde el robo de combustibles se ha convertido en una fuente relevante de financiamiento para el crimen organizado, Costa Rica apuesta por una respuesta basada en capacitación técnica, aplicación rigurosa de la ley y coordinación entre instituciones.
La incógnita persiste: ¿será suficiente el conocimiento para cerrar definitivamente el paso a estas redes? Por ahora, los datos muestran una tendencia a la baja y una estrategia que prioriza la formación policial como escudo frente a un delito que amenaza tanto las finanzas públicas como la estabilidad de las comunidades.
