OIJ detiene a dos policías peninteciaros por facilitar celulares al extraditado “Pecho de Rata”
Dos policías Penitenciarios figuran entre los detenidos durante el amplio operativo ejecutado este martes contra la organización criminal que, según las autoridades judiciales, era liderada por Edwin López Vega, conocido con el alias de “Pecho de Rata”.
Las capturas forman parte de la operación denominada Riverside, considerada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la mayor acción policial realizada en la historia del país. El despliegue incluyó allanamientos simultáneos en decenas de propiedades y centros penitenciarios.
OIJ detiene a dos policías peninteciaros por facilitar celulares al extraditado “Pecho de Rata”
De acuerdo con la investigación desarrollada por el OIJ y la Fiscalía, los funcionarios penitenciarios presuntamente permitieron que López Vega utilizara sus teléfonos celulares personales mientras permanecía recluido en un módulo de máxima seguridad, previo a su extradición hacia Estados Unidos.
Según las autoridades, el acceso a estos dispositivos habría permitido al sospechoso mantener comunicación constante con personas vinculadas a la estructura criminal investigada, entre ellas integrantes de su núcleo familiar y otros colaboradores.
El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que la investigación busca determinar si existió algún beneficio económico o contraprestación para los oficiales involucrados. “Estamos verificando si hubo algún tipo de pago o retribución por facilitar estos equipos de comunicación”, indicó el jerarca.
Las diligencias judiciales se extendieron a diferentes puntos de Cartago, Heredia y Limón, además de los centros penitenciarios La Reforma y La Leticia, donde las autoridades desarrollaron inspecciones y recopilación de evidencia.
La investigación se enmarca dentro del caso Riverside, expediente que analiza la supuesta operación de una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
López Vega fue extraditado el pasado 20 de marzo de 2026 junto con el exmagistrado Celso Gamboa, convirtiéndose ambos en los primeros costarricenses enviados a Estados Unidos tras la reforma constitucional que autorizó la extradición de nacionales.
Semanas atrás, un video difundido en redes sociales mostró a López Vega participando en una videollamada durante una actividad social, situación que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de comunicación disponibles para personas privadas de libertad.
Sobre ese episodio, Soto explicó que consultó directamente con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) destacados en Costa Rica. Según señaló, las autoridades estadounidenses permiten determinadas comunicaciones familiares bajo estrictos controles de supervisión.
El director del OIJ detalló que esas conversaciones son registradas y monitoreadas permanentemente. En caso de detectarse conductas irregulares o actividades ilícitas, los permisos pueden ser suspendidos y la información incorporada a investigaciones penales.
Para los investigadores, una de las hipótesis es que, tras la extradición de López Vega, el manejo operativo de la organización habría quedado en manos de personas cercanas a su entorno familiar, reduciendo así la exposición directa del extraditado.
Las autoridades sostienen que la estructura investigada mantenía presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales para el ingreso de cargamentos de droga procedentes de Colombia. Posteriormente, los estupefacientes eran movilizados por rutas marítimas y fluviales hasta la zona de Cahuita.
Los reportes oficiales indicaban este martes la detención de 58 personas relacionadas con el expediente. De ese total, 40 fueron capturadas durante los allanamientos y 18 ya permanecían en prisión por causas vinculadas con la investigación.
Sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda de otros sospechosos pendientes de captura, entre ellos familiares cercanos de López Vega que figuran dentro de las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público y el OIJ.
Durante los allanamientos también fueron decomisados bienes valorados en más de ₡2.600 millones. Entre los activos intervenidos destacan 84 propiedades y 106 vehículos que ahora forman parte del proceso judicial en curso.
