Trump acelera plan para revocar ciudadanías en EE. UU. obtenidas por naturalización
La administración del presidente Donald Trump ha incrementado significativamente los procesos dirigidos a revocar la ciudadanía estadounidense de personas naturalizadas, una medida que forma parte de una estrategia más amplia de control migratorio y verificación de antecedentes de quienes obtuvieron ese estatus en el país.
Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno proyecta presentar al menos 250 casos de revocación de ciudadanía antes de octubre de este año. La cifra representa un aumento considerable respecto a los registros históricos de este tipo de procedimientos, que tradicionalmente han sido poco frecuentes.
Trump acelera plan para revocar ciudadanías en EE. UU. obtenidas por naturalización
Durante los primeros meses de 2026, las autoridades federales han presentado 29 demandas de desnaturalización contra ciudadanos nacidos en el extranjero. Los casos involucran principalmente acusaciones relacionadas con fraude durante el proceso migratorio, ocultamiento de antecedentes penales y otras irregularidades detectadas en la solicitud de ciudadanía.
El Departamento de Justicia sostiene que estas acciones buscan preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Un alto funcionario de la institución afirmó que la revocación de ciudadanía constituye una herramienta legal vigente desde hace décadas y que su aplicación pretende garantizar que quienes obtuvieron la nacionalidad estadounidense hayan cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley.
“Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, señaló el funcionario, quien agregó que los casos se priorizan para “proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente”.
Entre los expedientes abiertos figuran personas acusadas de fraude migratorio, delitos graves no revelados durante el proceso de naturalización, abuso sexual de menores y presuntos vínculos o expresiones de apoyo al terrorismo antes o durante la obtención de la ciudadanía.
La legislación federal permite al Gobierno retirar la ciudadanía cuando se demuestra que una persona proporcionó información falsa o que obtuvo la naturalización sin cumplir los requisitos legales exigidos. Estos procedimientos pueden tramitarse tanto en la vía civil como penal, dependiendo de la naturaleza de cada caso.
Las autoridades aclararon que estas acciones no afectan a los ciudadanos estadounidenses nacidos en territorio nacional y protegidos por el principio de ciudadanía por nacimiento. El debate sobre este tema se mantiene vigente debido a otros intentos impulsados por Trump para modificar aspectos relacionados con la ciudadanía automática.
Como parte de esta estrategia, el Departamento de Justicia ha redistribuido recursos internos y personal especializado para acelerar la revisión de expedientes. Abogados de distintas divisiones, incluidos expertos en fraude civil, han sido incorporados al esfuerzo para aumentar la capacidad de procesamiento de casos.
Un memorando emitido en 2025 por el entonces secretario de Justicia Adjunto, Brett Shumate, estableció categorías prioritarias para estos procedimientos. Entre ellas destacan personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, involucradas en crímenes de guerra, fraude o delitos graves ocultados durante el proceso de naturalización.
No obstante, expertos legales consultados por medios estadounidenses señalan que la desnaturalización sigue siendo un procedimiento complejo y sujeto a estrictos controles judiciales. La revocación de ciudadanía únicamente puede ser aprobada por tribunales federales y requiere pruebas claras y convincentes.
Daniel Kanstroom, profesor de derecho de Boston College, indicó que el incremento de estos procesos podría generar preocupación en algunos sectores, aunque destacó que los casos presentados hasta ahora corresponden, en términos generales, a categorías que también han sido perseguidas por administraciones anteriores.
Por su parte, Stacey Young, exfuncionaria del Departamento de Justicia y directora ejecutiva de Justice Connection, considera que aunque el Gobierno podría acelerar la presentación de demandas, los procedimientos judiciales continuarán siendo un factor determinante que limitará la velocidad con la que puedan resolverse los casos.
En la última década, cerca de ocho millones de personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante naturalización. La evolución de esta política y los resultados de los procesos actualmente en curso serán observados de cerca por organizaciones migratorias, especialistas en derecho y comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos.
