Edgardo Araya denuncia a Cindy Murillo por presunto beneficio familiar en Arenal
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Procuraduría General contra la diputada Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano, por presunta legislación en provecho propio relacionada con un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa.
Las acciones legales se originan por la participación de Murillo en la discusión y votación del proyecto que crea el área silvestre protegida denominada Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal. La iniciativa introduce cambios en la regulación de los terrenos ubicados alrededor del lago Arenal y permite el desarrollo de determinadas actividades productivas y comerciales en la zona.
Edgardo Araya denuncia a Cindy Murillo por presunto beneficio familiar en Arenal
Según Araya, la legisladora votó favorablemente el proyecto en dos debates legislativos, pese a que su familia mantiene intereses económicos en propiedades cercanas al embalse. El diputado sostiene que la reforma podría generar beneficios para actividades turísticas y comerciales vinculadas a esos inmuebles.
De acuerdo con la denuncia, la familia de Murillo participa en una sociedad propietaria de un hotel y un restaurante ubicados a orillas del lago Arenal. La empresa está integrada por familiares directos de la diputada, quien figura como tesorera de la sociedad, mientras que sus padres y una hermana ocupan otros cargos dentro de la estructura empresarial.
Araya afirma que el proyecto aprobado modifica las condiciones de protección existentes alrededor del embalse y permitiría el desarrollo o ampliación de infraestructura turística en áreas donde actualmente existen mayores restricciones ambientales. Bajo ese argumento, considera que la legisladora debió abstenerse de participar en el proceso legislativo.
El frenteamplista sostiene que los hechos podrían configurar el delito de legislación o administración en provecho propio, contemplado en la normativa anticorrupción vigente. Además, señala una eventual violación al deber de probidad que deben observar los funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.
En la denuncia presentada, Araya recordó que la legislación establece sanciones para los funcionarios que participen con su voto favorable en leyes o actos que otorguen beneficios directos para sí mismos, sus familiares cercanos o empresas en las que mantengan participación accionaria.
Por el momento, corresponderá a la Fiscalía General y a la Procuraduría analizar los argumentos planteados y determinar si existen elementos suficientes para abrir las investigaciones respectivas. Hasta ahora, las autoridades competentes no han informado sobre eventuales resoluciones relacionadas con el caso.
La controversia surge en momentos en que el proyecto sobre el lago Arenal ha generado debate entre sectores políticos, ambientales y empresariales, debido a los posibles efectos que tendría sobre el desarrollo turístico y la protección de uno de los principales embalses del país.
