Laura Fernández presenta 6 proyectos: “Estoy del lado de las víctimas” “Se acabó la alcahuetería con delincuentes”
La presidente Laura Fernández presentó este lunes un paquete de seis proyectos de ley orientados a fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado, la violencia y la reincidencia delictiva en Costa Rica. Las iniciativas fueron entregadas a la Asamblea Legislativa y ahora deberán iniciar su trámite parlamentario para su eventual discusión y aprobación.
Durante la presentación, la presidente Laura Fernández afirmó que las reformas buscan actualizar el marco jurídico del país ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. La mandataria sostuvo que las herramientas legales vigentes resultan insuficientes para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, las organizaciones criminales y los delitos violentos.
Laura Fernández presenta 6 proyectos: “Estoy del lado de las víctimas” “Se acabó la alcahuetería con delincuentes”
Según datos expuestos por la Presidencia, los homicidios registran una reducción de 56 casos en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, el Gobierno considera que la disminución todavía no es suficiente para responder a la preocupación ciudadana por la inseguridad.
Uno de los proyectos más destacados es la denominada Ley Gerson Rosales, nombrada en memoria del oficial de Fuerza Pública asesinado durante una intervención policial. La propuesta pretende ampliar la protección legal de los cuerpos policiales, endurecer las sanciones contra quienes agredan a funcionarios de seguridad y establecer nuevas regulaciones sobre el uso de la fuerza.
La iniciativa también plantea que determinadas actuaciones policiales puedan presumirse como legítima defensa cuando se produzcan en el ejercicio de sus funciones. Además, contempla sanciones más severas para quienes amenacen, agredan o intenten desarmar a oficiales durante procedimientos de seguridad.
Otro de los proyectos busca tipificar de manera específica la pertenencia a organizaciones criminales. Actualmente, según el Gobierno, existen limitaciones legales para sancionar a personas vinculadas con estructuras delictivas que no participan directamente en la ejecución de delitos, pero que cumplen funciones estratégicas dentro de estas redes.
La propuesta contempla penas diferenciadas según el nivel de participación dentro de la organización. Asimismo, incorpora agravantes relacionados con delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, trata de personas, secuestro extorsivo y tráfico ilícito de armas.
El tercer proyecto se enfoca en la reincidencia delictiva. La iniciativa propone crear categorías específicas para reincidentes y endurecer las consecuencias penales para quienes acumulen múltiples condenas o mantengan conductas criminales de forma reiterada durante varios años.
Entre las medidas planteadas se incluyen restricciones para acceder a beneficios judiciales y penitenciarios, así como mayores posibilidades de imponer prisión preventiva a personas consideradas reincidentes. El objetivo, según el Ejecutivo, es diferenciar entre quienes cometen un delito aislado y quienes mantienen una trayectoria delictiva constante.
Otro de los proyectos introduce cambios en el sistema penitenciario. La propuesta busca vincular ciertos beneficios carcelarios con la participación obligatoria de los privados de libertad en actividades productivas, laborales o de capacitación.
De acuerdo con el planteamiento gubernamental, una parte de los ingresos generados por estas actividades se destinaría al sostenimiento del sistema penitenciario, otra porción a las víctimas y sus familias, mientras que un porcentaje sería reservado como fondo de ahorro para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad al concluir sus condenas.
La quinta iniciativa se dirige a combatir el uso de pistas clandestinas presuntamente vinculadas al narcotráfico. El proyecto propone aumentar las penas para propietarios, arrendatarios o administradores de terrenos utilizados para operaciones ilegales de aterrizaje y despegue de aeronaves.
Además, establece mecanismos para la confiscación de equipos empleados en la construcción de estas infraestructuras y limita temporalmente la posibilidad de vender o transferir propiedades relacionadas con investigaciones por actividades ilícitas.
Finalmente, el sexto proyecto plantea modificaciones a las normas sobre antecedentes penales y archivos judiciales. La propuesta busca ampliar los plazos de conservación de registros y permitir que determinadas autoridades judiciales y policiales mantengan acceso a antecedentes históricos para fines de investigación y administración de justicia.
La iniciativa mantiene diferencias entre la información visible para procesos laborales y aquella disponible para jueces, fiscales y cuerpos policiales. Según el Ejecutivo, el propósito es equilibrar las oportunidades de reinserción social con las necesidades de seguridad y persecución penal.
Tras la presentación oficial, el Gobierno hizo un llamado a los diputados para que las propuestas sean analizadas con prioridad. Las iniciativas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad pública.
