Ministro de Justicia a Carlo Díaz: “Respecto a los celulares, yo creo que da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía»
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, lanzó una serie de cuestionamientos contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, a quien responsabilizó por la actuación del Ministerio Público en casos relacionados con el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los centros penitenciarios del país.
Las declaraciones se dieron en medio del debate sobre la aplicación de la legislación que penaliza el ingreso de dispositivos móviles a las cárceles, una normativa que entró en vigor hace aproximadamente un año y que busca combatir las actividades criminales coordinadas desde los centros de reclusión.
Ministro de Justicia a Carlo Díaz: “Respecto a los celulares, yo creo que da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía»
Durante una intervención pública, Aguilar manifestó su inconformidad con la manera en que algunos fiscales han abordado estos casos. Según indicó, existen situaciones en las que el ingreso de teléfonos celulares ha sido tratado como una falta administrativa y no como una conducta delictiva contemplada en la legislación vigente.
El jerarca señaló que la aprobación de una ley implica un proceso complejo dentro del sistema democrático y cuestionó que, pese a la existencia de una normativa específica, algunos casos no estén siendo procesados bajo la vía penal. En ese contexto, atribuyó la responsabilidad de la actuación institucional al fiscal general de la República.
“Respecto a los celulares, yo creo que da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía. Y aquí hay un único responsable y es usted, Carlo Díaz, fiscal general de la República”, afirmó Aguilar durante sus declaraciones.
El ministro también expresó preocupación por el impacto que, a su criterio, podría tener esta situación en la lucha contra el crimen organizado. Según explicó, los teléfonos celulares continúan siendo una herramienta utilizada por grupos criminales para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.
Asimismo, sostuvo que la falta de acciones contundentes podría ser interpretada por organizaciones delictivas como una señal de impunidad. En ese sentido, cuestionó el mensaje que se estaría enviando a quienes participan en el ingreso ilegal de dispositivos móviles a las cárceles.
“¿Cuál es el mensaje que usted, Carlo Díaz, le está enviando a los delincuentes? Sigan metiendo teléfonos en las cárceles, sigan girando órdenes, sigan estafando gente porque va a imperar la impunidad y nosotros no vamos a hacer nada”, manifestó el ministro.
Las críticas escalaron cuando Aguilar calificó a Díaz como “el peor fiscal general de la historia de este país”. Además, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que analice la situación y valore posibles acciones relacionadas con la gestión del jerarca del Ministerio Público.
“¿Qué va a hacer la Corte Plena con el peor fiscal general de la historia de este país? Yo creo que ya es hora de que tomen medidas”, expresó.
Las declaraciones del ministro se suman a una serie de intercambios públicos que han evidenciado diferencias de criterio entre representantes del Poder Ejecutivo y autoridades del sistema judicial en temas vinculados con seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.
El ingreso ilegal de teléfonos celulares a las cárceles ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales desafíos para el sistema penitenciario. Diversos informes han advertido que estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar estafas, extorsiones y otras actividades delictivas desde los centros de reclusión.
Por el momento, el fiscal general Carlo Díaz no había emitido una respuesta pública sobre las afirmaciones realizadas por el ministro de Justicia. Entretanto, el tema continúa generando discusión sobre la aplicación de la ley, las competencias institucionales y las estrategias para fortalecer la seguridad dentro de las cárceles costarricenses.
Aguilar concluyó sus declaraciones señalando que la ciudadanía espera respuestas concretas ante esta problemática y reiteró la necesidad de aplicar con firmeza la legislación vigente para prevenir el ingreso de teléfonos celulares a los centros penitenciarios del país.
