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Sofía Bogantes denuncia muerte de paciente de la CCSS por posible demora en cateterismo

La Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital México, la doctora Sofía Bogantes Ledezma, presentó una denuncia formal ante la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la que sostiene que un paciente ingresado en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas falleció tras ser dejado en espera, pese a las indicaciones realizadas para efectuar un cateterismo urgente. La Gerencia Médica ordenó de inmediato una investigación preliminar y solicitó un informe exhaustivo sobre la atención y la coordinación del procedimiento que se indicó desde el 13 de mayo.

Sofía Bogantes denuncia muerte de paciente de la CCSS por posible demora en cateterismo

Foto Dra. Sofía Bogantes de la CCSS. Imagen tomada de Google

Según el documento remitido por Bogantes al gerente médico a. i., Marvin Palma Lostalo, el paciente identificado como Víctor Rafael Torres Cordero fue valorado por cardiología y se registró la indicación de cateterismo “STAT” por parte de la cardióloga tratante. Pese a ello, las actuaciones relatan que la programación del procedimiento quedó pospuesta, y la denuncia alega que la intervención se dejó para el fin de semana con la presunta finalidad de que la jornada extraordinaria favoreciera la retribución de un especialista, una afirmación que la Gerencia Médica considera de tal gravedad que amerita indagación urgente.

La cronología consignada en el expediente describe que el paciente ingresó el 12 de mayo y que el 13 de mayo ya existía la recomendación de hemodinamia. El 14 de mayo se documentaron gestiones de coordinación que no se concretaron y, según registros clínicos, la programación para una angiografía figuró en el cronograma del 16 de mayo. El hombre sufrió un paro y falleció el 15 de mayo, antes de que se realizara el cateterismo reclamado por la especialista.

Solicitud de investigación y puntos a indagar

En la comunicación firmada por el gerente médico a. i., la Gerencia solicitó al director del Hospital Monseñor Sanabria un informe en un plazo perentorio que incluya un análisis cronológico de la atención, revisión de las valoraciones médicas, verificación de la coordinación para el cateterismo y la identificación de las decisiones clínicas y administrativas que interven-

cieron en el caso. Además de la revisión técnica, el documento requiere determinar si existieron impedimentos operativos o actuaciones que impidieron realizar el procedimiento con oportunidad, así como establecer si procede iniciar actuaciones administrativas o disciplinares por acción u omisión.

La gravedad de las imputaciones —que incluyen la posible programación deliberada del procedimiento para una jornada de pago excepcional— obliga a la institución a clarificar responsabilidades y a transparencia en el manejo del expediente clínico y administrativo. La Gerencia Médica también pidió medidas inmediatas orientadas a garantizar la continuidad y seguridad de la atención a pacientes cardiológicos críticos mientras avanza la investigación.

Versiones oficial y de los involucrados

Este medio intentó recabar declaraciones tanto de la doctora Bogantes como de la cardióloga que atendió al paciente, Jimena Araya Vargas, y del coordinador de Hemodinamia del Monseñor Sanabria, el doctor Gabriel Abarca Soto. La doctora Bogantes indicó que no se referirá públicamente al caso mientras la investigación está en curso; Araya declinó comentar y remitió a la Dirección Médica del hospital; Abarca aseguró que, en caso de existir una denuncia formal, debe conocer los detalles antes de emitir opinión y remarcó que no puede hablar si hay una indagación en trámite.

El director del Monseñor Sanabria respondió inicialmente que los hechos ocurrieron en una etapa en la que otra dirección a. i. estaba a cargo, pero confirmó que hay un proceso de investigación en curso. Mientras tanto, la familia del paciente relató que la comunicación con el personal fue limitada y que la situación terminó en una tragedia que deja múltiples preguntas sobre la atención brindada en los días previos al fallecimiento.

La denuncia incluye además documentación y cronogramas que, según la presentación, muestran que el paciente estaba programado para intervención el 16 de mayo y que existieron comunicaciones internas que no desembocaron en la realización oportuna del procedimiento. La Gerencia Médica exige que el hospital remita el informe sobre las acciones adoptadas dentro de los plazos establecidos en la normativa institucional, para que la investigación preliminar sea sustentada con todas las evidencias disponibles.

Impacto institucional y repercusiones

El caso tiene potenciales implicaciones médico-legales, administrativas y éticas. En años anteriores, la doctora Bogantes ya había denunciado muertes asociadas a listas de espera en procedimientos de cateterismo, lo que complica la percepción pública y la urgencia de respuestas contundentes por parte de la CCSS. En este marco, la entidad deberá evaluar si corresponde abrir procedimientos disciplinarios y determinar las medidas necesarias para evitar repeticiones de situaciones que pongan en riesgo la vida de pacientes críticos.

La institución también enfrenta el reto de comunicar con claridad los avances de la investigación sin vulnerar la reserva clínica y el debido proceso de los profesionales involucrados. La transparencia en los pasos a seguir y la publicación de resultados técnicos y administrativos ayudarán a restablecer confianza si las conclusiones son coherentes y justificadas.

Para consultar comunicados oficiales y el seguimiento institucional del caso, la Gerencia Médica y el hospital implicado han sido emplazados a remitir información a la CCSS; puede consultarse la página institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social para conocer protocolos y pautas sobre atención cardiológica crítica: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, la sección de Salud del medio publica actualizaciones periódicas sobre este y otros casos de interés público.

En definitiva, la denuncia presentada por Sofía Bogantes obliga a las autoridades sanitarias a establecer con rapidez los hechos, asegurar la protección de pacientes en condición crítica y, en su caso, aplicar las sanciones o medidas correctivas que resulten procedentes conforme a la normativa institucional.

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