Oficialismo celebra aprobación en primer debate , pero oposición alista frenazo, por Ley de Armonización electrica
El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes en su primer debate el expediente 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. El avance de la iniciativa sectorial fue posible gracias al respaldo de la bancada oficialista, en medio de discrepancias con los bloques de la oposición.
La propuesta legislativa plantea una transformación del modelo energético vigente al separar formalmente las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. El proyecto introduce un marco normativo adaptado a nuevas exigencias globales, la electromovilidad y los sistemas avanzados de almacenamiento de energía limpia.
Oficialismo celebra aprobación en primer debate , pero oposición alista frenazo, por Ley de Armonización electrica
Una de las principales innovaciones del texto es la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Esta nueva institución operará de forma autónoma y asumirá las tareas clave de operación, planificación y administración del mercado mayorista.
El financiamiento del nuevo organismo regulador provendría directamente de la recaudación de un canon aplicado a la energía eléctrica transada. Por su parte, las directrices de planificación de largo plazo se mantendrán bajo la tutela técnica del Ministerio de Ambiente y Energía.
Durante la sesión del debate parlamentario, los legisladores expusieron visiones opuestas sobre el impacto económico y el alcance social de la reforma. Las posturas divergentes evidenciaron la complejidad técnica y política que rodea la reestructuración del servicio público.
La diputada Sigrid Segura, representante del Frente Amplio, manifestó dudas sustanciales respecto al financiamiento operativo de las nuevas dependencias regulatorias.
La legisladora cuestionó explícitamente la distribución de las cargas económicas derivadas de la reestructuración administrativa.“¿Quién va a pagar eso, señoras y señores? ¿Quién va a pagar la reconstrucción de un centro operativo, de un centro de operación, el centro que hace que llegue la electricidad a los hogares de las familias costarricenses?”, planteó la diputada Segura.
Por su parte, la diputada Karen Alfaro, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su rotundo rechazo al enfoque del texto en discusión. Su fracción argumenta que la propuesta compromete los cimientos del desarrollo histórico alcanzado por la sociedad costarricense.“No vamos a permitir que en nombre de una falsa modernización desmonten en silencio el modelo del país que tantos costarricenses construyen con esfuerzo”, aseveró la diputada Alfaro.
En contraste, los defensores del proyecto sostienen que la iniciativa no debilita la institucionalidad pública ni desprotege a los consumidores vulnerables. La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo, enfatizó la permanencia de las salvaguardas estatales dentro del articulado.“Este proyecto mantiene la rectoría del Estado, mantiene la regulación tarifaria del ARESEP, mantiene la transmisión y distribución reguladas, mantiene el principio de solidaridad y mantiene a ICE como actor estratégico del sistema eléctrico costarricense”, argumentó la diputada Guadamuz.
Asimismo, la analista Abril Gordienko defendió la necesidad de incorporar capital externo y modernizar las reglas de participación del sector. Según su criterio, las limitaciones fiscales vigentes exigen mecanismos alternativos para garantizar el suministro del país.
“Abrir el mercado pareciera ser lo más correcto, lo hemos hecho en otras áreas y hemos tenido muy buenas experiencias. El ICE no tiene en este momento los recursos para hacer las inversiones que se requieren, pero sí es muy importante que se hagan. Así que lo que requerimos es tener electricidad confiable, segura, con optimización de costos y eso es lo que esperamos que este proyecto traiga”, puntualizó Gordienko.
El texto faculta a empresas privadas, cooperativas y corporaciones municipales a comercializar excedentes de energía bajo estrictas reglas estatales. Además, crea la figura del Agregador de Recursos de Demanda, un intermediario técnico para optimizar la producción y el consumo.
A pesar de la aprobación inicial en el Plenario, el futuro de la ley permanece bajo un panorama de incertidumbre jurídica. Los diputados de oposición anunciaron de forma oficial que remitirán el documento a consulta ante la Sala Constitucional.
