Golpe multimillonario a hoteles: La Sala IV detiene la tala y las nuevas construcciones en Papagayo
La seguridad ambiental de Guanacaste ha tomado un nuevo rumbo tras la reciente intervención de la Sala Constitucional. El magistrado Fernando Cruz Castro ha dictado medidas cautelares que paralizan la aplicación del Decreto Ejecutivo N.° 44448-MP-TUR, buscando proteger el patrimonio natural.
Esta decisión judicial surge bajo el expediente N.° 25-024408-0007-CO, el cual analiza la constitucionalidad de las nuevas normas de densidad. La justicia costarricense busca evitar daños que califica como «graves e irreparables» en el ecosistema más exclusivo del país.
La Sala IV detiene la tala y las nuevas construcciones en Papagayo
El punto medular del conflicto es la denominada “compensación de densidad o coeficiente de ocupación”. Esta figura permitía transferir derechos de construcción entre terrenos no colindantes, lo que podría saturar áreas específicas de la costa con edificaciones masivas.
Para los ciudadanos, esta medida representa una garantía de que el desarrollo no agotará los recursos vitales. Al frenar la sobredensidad, se protege directamente la capacidad de los mantos acuíferos que abastecen tanto a hoteles como a las comunidades locales.
La acción de inconstitucionalidad señala que la normativa se habría gestionado sin la debida consulta pública vinculante. Los defensores del ambiente alegan que se omitieron evaluaciones técnicas sobre el impacto acumulativo de concentrar infraestructura en puntos sensibles del litoral.
Ante estas dudas, el magistrado Cruz ha aplicado la «guillotina» administrativa mediante tres directrices de acatamiento inmediato. La primera es una moratoria absoluta de tala para proyectos hoteleros, salvaguardando el bosque tropical seco que rodea el Golfo de Papagayo.
Como segunda medida, se han suspendido todas las nuevas autorizaciones de construcción en la zona. Esto asegura que no se levanten estructuras hasta que exista certeza jurídica sobre la capacidad de carga del suelo y la protección del paisaje guanacasteco.
Finalmente, la Sala IV ordenó el amarre institucional de entidades clave como el MINAE, SETENA y el ICT. El magistrado ordenó la «suspensión inmediata de cualquier acto administrativo basado en este decreto», deteniendo cualquier trámite que use esta normativa.
Para el sector turístico, este proceso abre una oportunidad de diálogo para establecer un modelo de crecimiento sostenible. La neutralidad judicial busca que el progreso económico no comprometa el derecho fundamental de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El mensaje de la Sala Constitucional es preventivo y protector para la población civil. Mientras se dicta la sentencia de fondo, Papagayo entra en una pausa necesaria para validar que su desarrollo siga siendo el orgullo ecológico de toda la nación.
