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«Tenemos un enemigo común»: las cuatro Presidentas se unen frente a la inseguridad

Las cuatro mujeres que encabezan los Supremos Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acordaron fortalecer la coordinación institucional frente al crimen organizado, durante una reunión celebrada este viernes en la Corte Suprema de Justicia. El encuentro busca establecer una nueva etapa de diálogo ante los desafíos de seguridad que enfrenta Costa Rica.

La reunión congregó a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas; la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría. Entre los principales asuntos abordados estuvieron la violencia, la delincuencia organizada y la necesidad de articular respuestas desde las instituciones del Estado.

Crimen organizado: las cuatro jerarcas buscan una respuesta institucional

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien recibió a las demás autoridades, destacó el carácter histórico de la reunión, al señalar que por primera vez las principales instituciones del país están encabezadas simultáneamente por mujeres.

«Por primera vez en la historia de este país, las mujeres estamos a la cabeza de los tres supremos poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones», manifestó Vargas durante el encuentro.

La reunión se desarrolló en un contexto de preocupación nacional por los problemas de inseguridad y el avance de las estructuras criminales. Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación entre las instituciones responsables de la prevención, investigación, administración de justicia y seguridad pública.

«Costa Rica tiene un enemigo común»: Patricia Vargas

Uno de los mensajes centrales de la jornada estuvo relacionado con la necesidad de enfrentar la delincuencia mediante esfuerzos coordinados. La presidenta del Poder Judicial insistió en que las diferencias institucionales no deberían convertirse en obstáculos para atender los problemas que afectan a la población.

«Costa Rica tiene un enemigo común que es la delincuencia y especialmente el crimen organizado. Frente a ese desafío necesitamos instituciones que trabajen de manera articulada», afirmó Vargas.

La declaración coloca sobre la mesa uno de los principales retos de la administración pública: conseguir que las instituciones trabajen conjuntamente frente a organizaciones criminales que requieren respuestas desde diferentes ámbitos del Estado.

El planteamiento también abre una discusión sobre la capacidad de las autoridades para transformar los acuerdos políticos e institucionales en medidas concretas. La coordinación entre los poderes resulta relevante para atender los distintos componentes de la seguridad, desde la prevención del delito hasta la persecución penal y el cumplimiento de las sanciones.

Defensa de la libertad de expresión tras asesinato de periodista

Otro de los asuntos abordados por la presidenta de la Corte Suprema fue la defensa de la libertad de expresión, un tema que adquirió especial relevancia después del asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el pasado 16 de noviembre.

Vargas expresó la preocupación institucional ante este hecho y reiteró la importancia de proteger el ejercicio del periodismo y las garantías fundamentales relacionadas con la libertad de prensa.

«Nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión en un momento particularmente sensible y doloroso frente al vil asesinato de un periodista», expresó la magistrada.

La referencia al caso también incorporó al diálogo institucional la importancia de garantizar condiciones para que periodistas, comunicadores y ciudadanos puedan ejercer su derecho a informar y expresarse sin amenazas.

La libertad de expresión constituye una garantía fundamental para el funcionamiento democrático, especialmente cuando el país enfrenta situaciones de violencia que pueden afectar el ejercicio de las libertades públicas.

Cuatro ejes de trabajo quedaron establecidos

Como parte de los resultados de la reunión, las jerarcas acordaron suscribir una declaración conjunta con compromisos distribuidos en cuatro áreas estratégicas. Los temas incluyen la violencia contra las mujeres, la seguridad ciudadana, la protección de informantes y las garantías electorales.

El primer eje contempla el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención y sanción de la violencia política y de género, incluido el femicidio. La propuesta busca reforzar la respuesta institucional ante las distintas manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres.

El segundo apartado está relacionado directamente con la seguridad y la justicia. Las autoridades plantearon impulsar una respuesta estatal eficaz frente a la delincuencia, que abarque desde las estrategias preventivas hasta la persecución penal y el cumplimiento de las penas.

Este componente resulta particularmente relevante debido a la necesidad de mantener una actuación coordinada entre las instituciones encargadas de investigar los delitos, administrar justicia y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Protección de informantes y garantías electorales

El tercer compromiso contempla reforzar la protección de las personas que enfrentan amenazas por denunciar delitos o ejercer funciones públicas. La seguridad de los informantes constituye un elemento importante para facilitar la colaboración ciudadana con las autoridades y fortalecer los mecanismos de denuncia.

El cuarto eje se concentra en los procesos electorales. Las jerarcas acordaron observar estrictamente el marco jurídico correspondiente al proceso electoral de 2028, con el propósito de garantizar la imparcialidad institucional y la pureza del sufragio.

Este compromiso incorpora al diálogo la responsabilidad de las instituciones de preservar las condiciones democráticas y respetar las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense.

La participación de la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, resulta especialmente relevante en este apartado, debido a las responsabilidades constitucionales de ese organismo en la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales.

Un diálogo que trasciende a las actuales autoridades

Al referirse al significado de la reunión, Patricia Vargas señaló que el encuentro representa el inicio de una etapa de diálogo entre las principales instituciones del país. También destacó que el momento tiene un significado que va más allá de quienes actualmente ocupan los cargos de mayor responsabilidad.

«Es un momento importante que nos trasciende a quienes estamos hoy aquí, que le pertenece a las generaciones que abrieron camino y también a las generaciones futuras», expresó la presidenta del Poder Judicial.

La declaración conjunta anunciada por las cuatro jerarcas reúne compromisos relacionados con seguridad, justicia, violencia de género, protección de informantes y procesos electorales. La reunión también permitió colocar sobre la mesa la defensa de la libertad de expresión como parte de las responsabilidades institucionales en el contexto democrático costarricense.

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