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Estado de la Nación advierte que el crimen organizado se convierte en una tercera economía en Costa Rica

Estafas electrónicas, robo de carga y lavado de dinero amplían el mapa de la economía criminal.

El Estado de la Nación advierte que el crimen organizado en Costa Rica dejó de ser un fenómeno ligado solo al narcotráfico y hoy funciona como una estructura económica diversificada, la llamada «tercera economía». El XXXII Informe Estado de la Nación 2026, que analiza información hasta 2025, señala que estas organizaciones ampliaron su presencia territorial y buscan insertar dinero de origen ilícito en actividades legales.

Estado de la Nación advierte que el crimen organizado se convierte en una tercera economía en Costa Rica

Esa es una de las principales advertencias del XXXII Informe Estado de la Nación 2026, que identifica el crecimiento de una denominada «tercera economía»: la economía del crimen, que opera paralelamente a las actividades domésticas y a los sectores productivos orientados al mercado internacional.

Según la investigación, estas estructuras no solamente obtienen ganancias mediante el tráfico de drogas, sino que también participan en actividades como el sicariato, la legitimación de capitales, las estafas electrónicas, el comercio ilícito y los préstamos informales conocidos como «gota a gota».

Uno de los principales indicadores de esta expansión es el crecimiento de las organizaciones criminales desarticuladas. Entre 2020 y 2025, la cifra pasó de 20 a 48, mientras que la presencia territorial de estas estructuras se extendió de 17 a 37 cantones.

El documento señala que inicialmente estas organizaciones se concentraban principalmente en el Valle Central, San Carlos y la costa del Caribe. Sin embargo, para 2025 también se identificó su expansión hacia el occidente del país y la costa del Pacífico.

El informe advierte que más de la mitad de las organizaciones investigadas estaban vinculadas con delitos relacionados con el tráfico de drogas o la legitimación de capitales.

Las estafas electrónicas también alimentan la economía criminal

La diversificación de las actividades delictivas también se refleja en el crecimiento de los delitos informáticos.

Las denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pasaron de 2.123 en 2019 a 13.362 en 2025, lo que representa un incremento de más de seis veces.

Las estafas informáticas explican buena parte de ese comportamiento: desde 2022 concentran más del 60% de las denuncias y en 2025 representaron cerca del 77%.

El estudio advierte que el entorno digital se ha convertido en una oportunidad para las organizaciones criminales, debido a las posibilidades de obtener ganancias y a las dificultades que implica perseguir este tipo de delitos.

Robos de contenedores y mercancías también aumentan

Otra actividad que preocupa es el crecimiento de los asaltos y hurtos a unidades de transporte de carga.

Entre 2016 y 2025, estos delitos aumentaron un 29%, según los registros analizados por el informe.

Además, el 90% de los casos registrados en 2025 se concentró en cantones ubicados en el corredor que conecta los puertos de Caldera y Moín con el Valle Central.

Esta situación evidencia cómo las actividades criminales también pueden afectar las cadenas de distribución, el comercio y el transporte de mercancías.

El riesgo de que el dinero ilícito ingrese a negocios legales

Uno de los puntos centrales del análisis es la capacidad de las organizaciones criminales para introducir sus ganancias en actividades económicas formales.

El lavado de dinero permite que recursos provenientes de actividades ilegales ingresen a mercados y negocios legítimos, lo que puede generar distorsiones económicas y trasladar poder financiero hacia estructuras criminales.

El informe identifica sectores expuestos a este riesgo, entre ellos la construcción, el mercado inmobiliario, la venta de vehículos, el cambio de divisas y la hotelería.

La preocupación es que el fenómeno no se limite a la violencia o a los delitos asociados con las drogas, sino que también tenga consecuencias sobre el funcionamiento de la economía y las instituciones.

El Estado de la Nación plantea así un desafío que va más allá de los operativos policiales: comprender cómo funciona la economía criminal, identificar sus fuentes de financiamiento y evitar que sus recursos se incorporen al sistema económico costarricense.

La investigación advierte que el país necesita fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar la información disponible para dimensionar y combatir este fenómeno.

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