«Es inaceptable»: cooperativas alistan querella contra Rocío Alfaro por acusar sobreprecios en la CCSS

Las cooperativas de salud de Costa Rica anunciaron que presentarán una querella contra Rocío Alfaro, exdiputada del Frente Amplio, por difamación de persona jurídica y daño reputacional. La acción responde a las declaraciones que la exlegisladora emitió el pasado 8 de octubre frente a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en sus redes sociales.
¿Por qué el sector cooperativo prepara una querella contra Rocío Alfaro?
En aquella ocasión, Alfaro acusó a estas organizaciones de pretender «robarse los recursos de la Caja» y de operar mediante supuestos sobreprecios en la prestación de servicios. El sector cooperativo respondió calificando esas afirmaciones como «irresponsables» y «lesivas» para su imagen institucional.
El licenciado Sergio Castillo, vocero de Coopesalud, fue enfático al anunciar la ruta judicial. «Es inaceptable y estamos preparando las acciones legales correspondientes contra lo dicho por la exdiputada», afirmó el representante de las cooperativas.
Castillo sostuvo además que la discusión sobre las contrataciones no debe trasladarse al plano político. «Los trámites administrativos y los procedimientos de contratación pública son asuntos técnicos rigurosos que deben mantenerse al margen del terreno ideológico y de las disputas sindicales con la administración», añadió el abogado.
Retrasos atribuidos a problemas técnicos, no a irregularidades
Según el sector, los atrasos en los procesos de contratación con la CCSS responden a problemas técnicos en el Área de Contabilidad de Costos y Registros. Las cooperativas rechazan que se trate de irregularidades delictivas, como lo planteó la exdiputada en sus declaraciones públicas.
Las organizaciones recordaron que cuentan con 39 años de trayectoria en el país y que actualmente brindan servicios de salud a más de medio millón de costarricenses. A su juicio, las acusaciones afectan directamente la honra y el crédito de entidades vinculadas a la atención primaria.
El fundamento legal de la acción
La querella se sustenta en el artículo 153 del Código Penal costarricense, que tipifica la difamación cometida contra personas jurídicas. Con este proceso, el sector cooperativo busca que Alfaro responda ante los tribunales de justicia por los señalamientos que realizó públicamente.
Las cooperativas sostienen que las denuncias de la exlegisladora carecen de fundamento técnico. Por su parte, Alfaro ha mantenido una postura crítica frente a la contratación de servicios de salud privados por parte de la CCSS, tema que ha marcado su discurso público durante los últimos meses.
Visible.cr mantiene abierto el espacio para conocer la versión de la exdiputada sobre el anuncio de la querella y sobre los argumentos expuestos por el sector cooperativo.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensión entre Alfaro y las autoridades. Desde junio de 2026, la exdiputada mantiene una disputa con el Poder Ejecutivo tras su elección como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, nombramiento que el Consejo de Gobierno rechazó inicialmente por argumentos de falta de idoneidad y supuestos conflictos de interés relacionados con su posición sobre los servicios de salud privados.

