Polémica en el Plenario: Yara Jiménez: «Podemos discutir, no votar» el Presupuesto 2027

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó este lunes 9 de noviembre que el Congreso seguirá debatiendo el Presupuesto Nacional 2027, pero no podrá votarlo en segundo debate antes del 29 de noviembre, tras una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional a solicitud del Poder Judicial.
La resolución obliga al Parlamento a abstenerse de llevar el expediente 25.754 a votación definitiva, mientras los magistrados analizan los cuestionamientos constitucionales planteados por la Corte Suprema de Justicia sobre varias normas del plan de gastos.
Polémica en el Plenario: Yara Jiménez: «Podemos discutir, no votar» el Presupuesto 2027
Jiménez aseguró que la Asamblea acatará la orden sin detener por completo el trámite legislativo y explicó cómo se procederá en el plenario una vez agotada la discusión del proyecto.
«Podemos continuar la discusión, no la votación, de este expediente. Una vez que el asunto se considere discutido, suspenderemos el acto de votación, el cual, en estricto apego a lo indicado por la Sala Constitucional, no podrá realizarse. De esta manera garantizamos la continuidad de la deliberación parlamentaria», manifestó Jiménez.
¿Qué reclama el Poder Judicial?
La medida, calificada como «urgentísima», fue emitida por el magistrado presidente a. i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, luego de una gestión presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González.
El reclamo se centra en las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, que según el Poder Judicial podrían comprometer seriamente su funcionamiento durante el próximo año si el proyecto se aprueba en los términos actuales.
Entre los riesgos señalados figuran el bloqueo de ₡29.843,8 millones, el eventual despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales y el cierre técnico de sedes regionales como Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez.
La Corte también advirtió sobre posibles afectaciones a la seguridad de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes podrían quedar sin el equipo básico necesario para cumplir sus labores de investigación en todo el país.
Consulta preceptiva en disputa
Otro de los alegatos apunta a la supuesta omisión de la consulta preceptiva prevista en el artículo 167 de la Constitución Política, la cual exige el voto de 38 diputados cuando el Congreso decide apartarse del criterio del Poder Judicial en materia que le afecta.
Según la Sala Constitucional, la medida cautelar busca asegurar que el control de constitucionalidad se realice a tiempo y que su eventual pronunciamiento no pierda efecto ante una aprobación definitiva del proyecto de ley.
Un plazo constitucional ajustado
La orden deja a los legisladores un margen estrecho, pues la votación solo podría realizarse a partir del 29 de noviembre, a un día del límite constitucional para aprobar el plan de gastos del Estado.
El artículo 178 de la Constitución Política establece el 30 de noviembre como fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto nacional de cada año.

