Sala IV acoge medida cautelar y detiene el presupuesto 2027: Corte lo considera «catastrófico»
Medida cautelar “urgentísima” prohíbe a diputados votar el plan de gastos antes del 29 de noviembre.

La Sala Constitucional ordenó este lunes 9 de noviembre a la Asamblea Legislativa no votar en segundo debate el presupuesto 2027 antes del 29 de noviembre de 2026. La medida cautelar “urgentísima” fue solicitada por la Corte Suprema de Justicia horas antes de la votación prevista para este martes.
Sala IV acoge medida cautelar contra el presupuesto 2027
La resolución, dictada a las 13:03 horas en el expediente 26-039748-0007-CO, lleva la firma del magistrado presidente a.i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro. Atiende el escrito presentado ese mismo día por la presidenta de la Corte, Patricia Vargas González.
El proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027, expediente legislativo 25.754, fue aprobado en primer debate por el Plenario el 5 de noviembre. Según la Corte, la votación final estaba prevista para el martes 10 de noviembre.
Vargas sostuvo que un atraso injustificado en la remisión del expediente legislativo podía llevar a su aprobación antes de que la Sala analizara la consulta. Eso, advirtió, volvería “nugatorio” el control previo de constitucionalidad.
Las normas que desatan el choque
El reclamo se centra en las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12. De acuerdo con la Corte, estas “inciden directamente de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial al bloquear recursos y congelar plazas”.
La norma 9 somete el desbloqueo de ¢29.843,8 millones, equivalentes al 5,6 % del presupuesto institucional, a la aprobación final de una comisión legislativa de control político. Las normas 10 y 12 impiden traslados ordinarios entre subpartidas y restringen la cobertura de plazas vacantes esenciales.
Para la Corte, esas disposiciones implicarían “un sometimiento del Poder Judicial a la mera voluntad de un órgano político de la Asamblea Legislativa”. También alegó que se usan normas anuales para modificar implícitamente regímenes de empleo público y legislar en temas ajenos a la materia presupuestaria.
Despidos, cierre de sedes y chalecos para el OIJ
Según la jerarca judicial, aprobar el plan sin el dictamen constitucional tendría consecuencias inmediatas desde el 1 de enero de 2027. Entre ellas, el cierre de despachos, la paralización de servicios por falta de recursos y el despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales.
El bloqueo de fondos afectaría subpartidas críticas en los seis programas presupuestarios. Incluye servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, alquileres, mantenimiento informático, insumos de investigación del OIJ y protección de víctimas.
La solicitud advierte además sobre riesgos para la vida de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que requieren chalecos antibalas. También menciona la posible resolución de contratos de locales arrendados por la institución.
La imposibilidad de cubrir vacantes de jueces, fiscales, defensores e investigadores, según la Corte, provocaría el cierre técnico de sedes regionales como Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, además de un aumento de la mora judicial.
La consulta obligatoria y los 38 votos
Vargas denunció que se omitió la consulta preceptiva del artículo 167 constitucional. Ese trámite exige una votación de dos terceras partes, es decir, 38 votos, para que la Asamblea se aparte del criterio del Poder Judicial en asuntos que afecten su organización o funcionamiento.
“La consulta pasaría de ser un mecanismo de verificación oportuna a un pronunciamiento extemporáneo incapaz de evitar la entrada en vigencia de vicios procedimentales o sustanciales de rango constitucional”, argumentó la Corte en su solicitud.
Al resolver, la Sala tomó en cuenta la “dilación provocada por la propia Asamblea Legislativa” al no remitir a tiempo el expediente. Lo había solicitado mediante resolución del 26 de octubre y tuvo que reiterarlo el 4 de noviembre. También constató que el proyecto ya estaba convocado para segundo debate.
El tribunal consideró aplicable el segundo párrafo del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, “porque la consulta se formuló con la debida anticipación”. Invocó además el equilibrio de poderes y el principio de supremacía constitucional.
El plazo del 30 de noviembre
La Corte argumentó que la medida no afecta el interés público, pues el Congreso aún podrá cumplir con el artículo 178 de la Constitución Política. Esa norma fija el 30 de noviembre como fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto nacional.
Según el Poder Judicial, revertir un presupuesto con vicios exigiría ajustes técnicos, posibles pagos por responsabilidad contractual y extracontractual y la tramitación de una acción de inconstitucionalidad para eliminar las normas cuestionadas.
El expediente 25.754 queda a la espera del dictamen de la Sala Constitucional sobre la consulta de la Corte Suprema de Justicia, mientras el Plenario legislativo deberá abstenerse de votarlo en segundo debate antes del 29 de noviembre.

