Juzgado archiva denuncia de espionaje de Laura Fernández y el misterio del micrófono queda sin respuesta
La Fiscalía pidió desestimar la causa, pero no explicó sus razones.
El Juzgado Penal de Pavas desestimó la denuncia de espionaje presentada por Laura Fernández el 14 de octubre de 2025, cuando todavía era candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La resolución se emitió el 6 de mayo, tras acoger una solicitud del Ministerio Público para archivar el expediente.
¿Por qué se archivó la denuncia de espionaje de Laura Fernández?
La Fiscalía de Pavas confirmó que remitió al juzgado la gestión de desestimación, aunque no detalló las razones que la llevaron a solicitar el cierre de la causa. La decisión judicial fue confirmada a Telenoticias, sin que hasta ahora se conozcan los fundamentos específicos del archivo.
En el sistema procesal costarricense, una desestimación procede cuando el hecho denunciado no constituye delito, cuando no existen pruebas suficientes para formular una acusación o cuando existe algún impedimento legal para continuar con el proceso.
Las autoridades no han precisado cuál de esos supuestos aplicó en este expediente. Con ello, la denuncia que generó amplia atención durante la campaña electoral concluye su trámite judicial casi siete meses después de haber sido presentada.
El anuncio que sacudió la campaña presidencial
En plena carrera electoral, el 14 de octubre de 2025, Fernández convocó a una conferencia de prensa para anunciar el hallazgo de un supuesto micrófono oculto en un tomacorriente de su oficina, ubicada en la sede de campaña del PPSO.
La entonces candidata aseguró que una empresa internacional de seguridad revisó el inmueble y encontró el dispositivo. Según su versión, se trataba de un aparato de largo alcance, equipado con un transmisor y con un valor estimado de entre $2.000 y $3.000.
La inspección fue realizada por una empresa recomendada por Carlos Valenciano, quien inició la campaña presidencial de 2026 como tesorero de Fernández. Posteriormente, Valenciano se apartó del proceso electoral, sin que la información disponible detalle los motivos de su salida.
El inmueble que funcionaba como sede de campaña había sido facilitado por Antonio Barzuna, quien actualmente ocupa un escaño como diputado en la Asamblea Legislativa. La oficina donde se reportó el hallazgo formaba parte de esas instalaciones.
Tras el anuncio, Tomás de Camino Beck, científico costarricense y profesor universitario especializado en innovación, cuestionó públicamente que el artefacto mostrado correspondiera a un equipo de tecnología avanzada, como se había descrito en la conferencia de prensa.
El especialista sostuvo que, a simple vista, el dispositivo exhibido podía conseguirse en el mercado por menos de $50, equivalentes a menos de ₡25.000. Esa cifra contrastaba con el rango de entre $2.000 y $3.000 mencionado por la entonces aspirante presidencial.
De Camino Beck también señaló que el aparato podía fabricarse con componentes de fácil acceso y sin mayor dificultad técnica. Sus declaraciones se sumaron al debate público que generó el caso en las semanas previas a los comicios.
La denuncia fue tramitada por la Fiscalía de Pavas, que finalmente pidió su desestimación ante el Juzgado Penal de esa localidad. El juzgado acogió la solicitud el 6 de mayo, según la información confirmada a Telenoticias.
