“Gritos y humillación pública”: Defensoría acusa a Gabriel Aguilar por video “Los Jachudos van directo al CACCO”
La Defensoría de los Habitantes cuestionó las actuaciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, luego de la difusión de un video grabado durante una visita a la cárcel de Puntarenas. El material provocó un pronunciamiento del órgano defensor por el trato dado a personas privadas de libertad y por los traslados anunciados hacia espacios de alta contención.
El video fue publicado el 29 de septiembre en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Paz bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”. En las imágenes aparece Aguilar durante una inspección penitenciaria, donde se observan decomisos de armas punzocortantes y posteriormente interacciones con varios privados de libertad.
“Gritos y humillación pública” Defensoría acusa a Gabriel Aguilar por video: “Los Jachudos van directo al CACCO”
La Defensoría manifestó su “más profunda preocupación y enérgica condena” por lo ocurrido y sostuvo que el material audiovisual muestra conductas que, según su valoración, afectan la dignidad de las personas privadas de libertad. El órgano defensor señaló específicamente la presencia de gritos, exposición pública y la colocación de personas en el suelo.
De acuerdo con la institución, uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la forma en que se anunciaron los posibles traslados al Circuito de Alta Contención y posteriormente al CACCO. La Defensoría sostuvo que esas decisiones deben estar respaldadas por procedimientos técnicos, jurídicos y profesionales previamente establecidos.
El punto de conflicto está en los procedimientos
La institución recordó que la Circular N.º 1-2026 del Instituto Nacional de Criminología establece criterios para valorar la ubicación de personas privadas de libertad en espacios de alta contención. Según la Defensoría, esas determinaciones corresponden a los órganos técnicos de la Dirección General de Adaptación Social y requieren una valoración objetiva de cada caso.
“Los actos registrados en el video de referencia, que incluyen gritos, humillación pública, la colocación forzada de personas privadas de libertad en el suelo y la clasificación estigmatizante mediante el uso de vocabulario denigrante, constituyen una vulneración directa a la dignidad humana”, señaló la Defensoría.
El órgano defensor agregó que la ubicación de personas en regímenes de máxima seguridad o alta contención “no puede responder al arbitrio o al impulso de una autoridad política”. Su posición es que cualquier reubicación debe cumplir las disposiciones técnicas y legales aplicables al sistema penitenciario.
La Defensoría también hizo referencia al Decreto Ejecutivo N.º 45174-JP y sostuvo que las actuaciones cuestionadas podrían contradecir las reglas establecidas para este tipo de decisiones. La institución vinculó además el tema con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en materia de derechos humanos.
Ante el pronunciamiento, el Ministerio de Justicia difundió una respuesta en la que señaló que el criterio de la Defensoría no resulta vinculante para el jerarca. “El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, le agradece a la señora defensora por estar pendiente de su trabajo, pero su criterio no le es vinculante”, indicó el Ministerio, según reportes publicados este miércoles.
La Defensoría, por su parte, pidió al ministro cesar las prácticas que calificó como exposición pública y hostigamiento hacia las personas privadas de libertad. También solicitó suspender los traslados al Circuito de Alta Contención cuando no exista una verificación previa sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.
“La función penitenciaria debe regirse bajo criterios estrictamente técnicos, científicos y de legalidad, orientados a la reinserción social y la garantía de la seguridad penitenciaria ajustada a los principios de derecho, nunca bajo lógicas de humillación o amedrentamiento”, manifestó el órgano defensor.
El episodio mantiene abierto el debate sobre los límites de la actuación de las autoridades penitenciarias, los procedimientos para trasladar personas privadas de libertad a regímenes de mayor contención y el equilibrio entre seguridad penitenciaria, debido proceso y protección de derechos humanos.
