Yara Jiménez archivó el caso Fabricio Alvarado y la Sala IV no intervino
La Sala IV rechazó un recurso de amparo contra Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, por la decisión que impidió que el Plenario conociera los informes de una comisión especial que investigó una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz.
Qué resolvió la Sala IV sobre Yara Jiménez
La resolución corresponde a la sentencia N.° 33468-2026, emitida el 1.° de setiembre por la Sala Constitucional. El recurso cuestionaba el archivo del expediente legislativo que contenía las conclusiones de la comisión encargada de analizar la denuncia contra el exlegislador.
De acuerdo con el criterio de mayoría, entrar a resolver el reclamo habría obligado a los magistrados a examinar cómo la Asamblea Legislativa interpretó y aplicó sus propias normas y procedimientos internos, un terreno que corresponde a la legalidad parlamentaria.
Los magistrados también concluyeron que el recurso no demostró una vulneración constitucional evidente. Sin esa condición, según el tribunal, no existía fundamento suficiente para justificar la intervención de la Sala IV en una decisión adoptada dentro del Congreso.
Origen del caso: la denuncia de Marulin Azofeifa
El conflicto se remonta a mayo, cuando Jiménez ordenó archivar el expediente vinculado con la denuncia presentada por Marulin Azofeifa, exdiputada y exasesora legislativa. Con esa decisión, los informes de la comisión especial no llegaron a ser discutidos por el Plenario.
Para justificar el archivo, la presidenta del Congreso sostuvo que la Asamblea había perdido la posibilidad de aplicar una eventual sanción. Su argumento se basó en que Alvarado ya no ocupaba una curul al concluir el periodo constitucional anterior.
El fallo de la Sala Constitucional no se pronuncia sobre la veracidad de las acusaciones contra Fabricio Alvarado. Tampoco establece si el exdiputado tiene o no responsabilidad por los hechos que fueron denunciados ante la Asamblea Legislativa.
La sentencia tampoco resolvió si Jiménez interpretó de forma correcta todas las disposiciones parlamentarias al ordenar el archivo. Los magistrados se limitaron a concluir que la controversia planteada no podía resolverse por la vía del recurso de amparo presentado.
La representación legal de Azofeifa había objetado el archivo del expediente. Según su planteamiento, esa decisión podía dejar en indefensión a la denunciante, al impedir que las conclusiones de la comisión especial fueran conocidas y valoradas por los diputados.
Por su parte, Jiménez había señalado la necesidad de reformar la normativa interna del Congreso. De acuerdo con su posición, los cambios permitirían evitar la incertidumbre que se presenta en casos similares, cuando un legislador denunciado deja su cargo antes de concluir el proceso.
Con la resolución de la Sala IV, el expediente relacionado con la denuncia contra Fabricio Alvarado se mantiene archivado en la Asamblea Legislativa, sin que el Plenario haya conocido los informes elaborados por la comisión especial.
