Juez bloquea límite de visas para estudiantes y periodistas impuesta por gobierno de Trump
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una nueva regla del gobierno de Donald Trump que pretendía limitar el tiempo de permanencia de estudiantes, periodistas y participantes de programas de intercambio extranjeros. La normativa estaba prevista para entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026.
Juez bloquea límite de visas para estudiantes y periodistas impuesta por gobierno de Trump
La decisión fue adoptada el lunes 14 de septiembre por el juez federal F. Dennis Saylor, del Distrito de Massachusetts, en Boston, tras una demanda presentada por una coalición de sindicatos, organizaciones de educación superior y otros grupos afectados por la regulación. La resolución impide, por ahora, que el Gobierno aplique las nuevas restricciones a escala nacional.
La normativa había sido impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y buscaba sustituir el sistema conocido como “duration of status”, que durante décadas permitió a determinados extranjeros permanecer en Estados Unidos mientras mantuvieran las condiciones de sus programas académicos o profesionales.
¿Qué contemplaba la nueva regulación?
Según la regla cuestionada, los estudiantes extranjeros con visas F tendrían un límite general de cuatro años para permanecer en Estados Unidos, mientras que determinados participantes de intercambio con visas J también quedarían sujetos a plazos definidos. Para los periodistas extranjeros con visas I, el límite sería de hasta 240 días, con posibilidad de solicitar extensiones.
La propuesta también establecía un tratamiento más restrictivo para periodistas con pasaporte de China. En esos casos, el periodo de permanencia previsto sería de hasta 90 días, de acuerdo con la regulación difundida por las autoridades estadounidenses.
Hasta ahora, estudiantes y académicos internacionales podían permanecer en Estados Unidos durante el tiempo autorizado por sus respectivos programas, bajo el sistema de duración de estatus. El cambio planteado habría obligado a determinados beneficiarios a solicitar extensiones cuando necesitaran superar los nuevos límites.
El argumento del Gobierno y la respuesta judicial
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la modificación con argumentos relacionados con la seguridad nacional, el control migratorio y la prevención de posibles abusos del sistema de visas. La Administración sostuvo que establecer periodos concretos facilitaría la supervisión de las personas que ingresan al país.
El juez Saylor, sin embargo, cuestionó la justificación utilizada por el DHS. En su resolución señaló que las razones ofrecidas para adoptar el cambio eran “exceptionally weak” y consideró que la agencia no había cumplido adecuadamente con sus obligaciones al evaluar alternativas menos restrictivas.
La resolución se produjo después de que universidades, sindicatos y organizaciones vinculadas con la educación superior y el periodismo acudieran a los tribunales para intentar detener la entrada en vigor de la normativa.
Reclamos de universidades y medios
Los demandantes argumentaron que las nuevas restricciones podrían afectar a estudiantes de carreras y programas que requieren más de cuatro años, así como a investigadores, universidades y organizaciones que dependen de la participación de talento internacional.
En el caso de los periodistas extranjeros, organizaciones de prensa habían advertido que limitar las estancias podría dificultar la cobertura informativa de Estados Unidos. Un centenar de medios y entidades periodísticas internacionales, entre ellas la AFP, sostuvo en una carta abierta que la medida “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” de la actualidad estadounidense.
La decisión judicial no elimina definitivamente la normativa ni resuelve el fondo de la controversia. Se trata de una medida preliminar que mantiene temporalmente el sistema anterior mientras avanza el proceso judicial. El Gobierno también puede recurrir la resolución.
Por ahora, estudiantes, periodistas y otros extranjeros comprendidos en las categorías afectadas continúan bajo las reglas vigentes antes de la entrada en vigor de la nueva regulación, mientras el litigio sigue su curso en los tribunales federales estadounidenses.
