Rodrigo Chaves arremete contra el Poder Judicial: “Es un poder prostitucional”
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, volvió a cuestionar públicamente al Poder Judicial tras conocerse detalles de una investigación que involucra a un juez penal de Pococí y a una mujer relacionada con una estructura criminal investigada por las autoridades.
Rodrigo Chaves cuestiona al Poder Judicial por caso de Pococí
Las declaraciones fueron realizadas este lunes 7 de setiembre durante una visita a la Asamblea Legislativa. En ese contexto, Chaves utilizó una expresión particularmente fuerte para referirse al funcionamiento de la institución judicial y relacionó sus críticas con el caso que actualmente se encuentra bajo investigación.
“El Poder Judicial no es Poder Judicial, es un poder prostitucional porque las instalaciones del Poder Judicial en Limón eran un motel donde alias Diablo enviaba a su hermana donde un juez”, manifestó Chaves durante sus declaraciones ante los medios de comunicación.
Investigación involucra a juez penal de Pococí
El caso mencionado por el ministro corresponde a una investigación en la que figura el juez penal de Pococí Ricardo Valverde López, quien fue detenido junto con otros funcionarios judiciales como parte de una pesquisa relacionada con presuntos delitos contra los deberes de la función pública.
Las autoridades investigan si el funcionario habría mantenido actuaciones irregulares relacionadas con personas vinculadas con una estructura criminal atribuida a Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”. Entre los elementos analizados figura la relación del juez con Gelen Magaly Arias Monge.
De acuerdo con documentos incorporados al proceso, uno de los episodios bajo análisis habría ocurrido el 3 de febrero de 2026, cuando Arias Monge ingresó al despacho del juez en los Tribunales de Pococí. La investigación describe posteriormente movimientos de ambos hacia un sector con menor cobertura de cámaras.
Según la información consignada en la orden de allanamiento, durante ese periodo se habrían registrado indicios que las autoridades consideran relevantes para la investigación. Posteriormente, ambos regresaron a una zona visible y la mujer habría realizado una consulta relacionada con un expediente judicial.
Los hechos forman parte de una investigación en curso. Por esa razón, los señalamientos contenidos en los documentos judiciales deben entenderse como elementos sujetos a investigación y valoración por parte de las autoridades competentes, sin que constituyan por sí mismos una condena.
Fiscalía analiza posibles beneficios
Además de los aspectos relacionados con la conducta personal del juez, el Ministerio Público analiza si Valverde López pudo haber utilizado su posición para beneficiar eventualmente a personas vinculadas con la estructura criminal investigada.
La pesquisa busca determinar si existieron favores, accesos privilegiados, actuaciones irregulares u otras acciones relacionadas con procesos judiciales. El objetivo es establecer si alguna conducta pudo estar vinculada con el ejercicio de la función pública.
El caso ha generado atención debido a que involucra a funcionarios judiciales y personas relacionadas con una investigación contra una organización criminal. La Fiscalía deberá determinar el alcance de las actuaciones y las eventuales responsabilidades individuales.
Rodrigo Chaves aprovechó el caso para reiterar sus cuestionamientos al Poder Judicial y elevar nuevamente el tono de la confrontación que mantiene con distintas autoridades del sistema de justicia.
“El Poder Judicial no es Poder Judicial, es un poder prostitucional”, insistió el ministro al referirse a la situación investigada y a lo que considera problemas dentro de la institución.
Las declaraciones se producen en un escenario de tensión entre el Gobierno y autoridades judiciales, en el que Chaves ha cuestionado anteriormente actuaciones del Ministerio Público, jueces y magistrados. Desde sectores del sistema judicial, por su parte, se han señalado preocupaciones por el impacto de las críticas políticas sobre la independencia de la justicia.
El caso de Pococí añade ahora un nuevo episodio a esa disputa institucional. Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán establecer qué ocurrió, si existieron irregularidades vinculadas con el ejercicio del cargo y si los hechos atribuidos a los funcionarios investigados tienen consecuencias penales o administrativas.
